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| Núñez, todavía ministro de la corte, durante su farsa de acusado de proteger a narcos convertido en acusador, un mes atrás, cuando narcotizado por su soberbia de “intocable” supremo selló su destino de primer “renunciado”, hasta por sectores duros de sus correligionarios cartes-colorados (Crédito: Archivo de UH). |
AISLADO HASTA DE SUS OCHO CÓMPLICES EN LA CORTE SUPREMA DE LA INJUSTICIA, Y SACRIFICADO POR PODERES FÁCTICOS DEL ESTADO Y LA SOCIEDAD, QUE BUSCAN SOBREVIVIR A LA TEMPESTAD DE INICIOS DE LA RECUPERACIÓN MORAL Y CÍVICA DEL PARAGUAY
No fue en vano el sacrificio de su propia vida, consciente en el caso del periodista Pablo Medina, y a quien acompañaba en su cobertura final la joven Antonia Almada, asesinados con premeditación y alevosía por sicarios del narco poder que contamina con muertes y corrupción a la sociedad, el aparato de Estado (incluye la politiquería) y la economía del Paraguay.
Pero la gran conquista que es la “renuncia” del renunciado tras bambalinas, Núñez, acaso la peor figura en la historia del poder jurisdiccional paraguayo, no es suficiente. Deben irse también los ocho restantes cómplices, por acción u omisión, la Justicia decidirá, y la nueva Corte no puede volver a ser una de cuotas politiquero-partidocráticas, y de ahí para abajo, incluyendo a los funcionarios que son oportunistas y que no trabajan, y que enlodan a quienes son laboriosos y honestos.
La indignación ciudadana, transformada en fuerza cívica pacífica, organizada y constitucional, tiene que obligar a los líderes politiqueros y partidocráticos a terminar con el sistema de votación (no de elección) de las listas sábanas, que con la crisis del narcopoder volvió a demostrar que es funcional a los poderes fácticos económicos, y en especial a los que responden al crimen organizado en cualquiera de sus manifestaciones.
También debemos apuntar a la “corte suprema” de votaciones politiquero y partidocráticas, que debe convertirse en una institución auténticamente electoral integrada por profesionales que no respondan a ninguno de los poderes fácticos de la politiquería local, y terminar con el inconstitucional subsidio y aporte del Estado a los politiqueros partidócratas y a sus clientelas. Así se podrá reducir hasta el 90 por ciento del monstruoso presupuesto anual de esa cueva de malandras que hoy encabeza un seudo doctor en derecho.
JLSG
Asunción, a 2 de diciembre de 2014
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