Escribe José Luis Simón
G.
A la izquierda, el “senador”
Fernando Lugo, ex desgobernante
paraguayo, destituido constitucionalmente por el
Congreso. Le
acompaña su colega Carlos Filizzola. A ambos les "preocupa"
la prohibición
politiquero-administrativa de autoridades de
turno, que les impidiera visitar a huelguistas
de hambre, quienes
así protestan por el indebido proceso que padecen, acusados de
“subversivos”. En la crisis venezolana, ambos “defensores de
los derechos humanos” en el Paraguay estána
favor del sicario
Maduro de los genocidas Castro (foto bajada de Google).
En “sociedades” como la paraguaya –que
son apenas conglomerados de personas y grupos sociales yuxtapuestos, a partir
de criterios de extrema desigualdad, exclusión e injusticia en la
correspondiente estratificación social, y por consiguiente en el acceso a
bienes, servicios y oportunidades– la experiencia histórica demuestra que no
existe “Estado democrático de derecho” (Edd), y ni siquiera Estado, sino apenas
un aparato coercitivo que funciona fácticamente, a lo Leviatán, por lo que no
puede suplirlos, en particular a la primera variedad mencionada del espacio
jurídico-político (el Edd) de una sociedad moderna y abierta. Para el
funcionamiento de tales conglomerados rigen criterios organizacionales que van
desde lo despótico, pasando por el absolutismo y la autocracia, también el
autoritarismo, hasta llegar al totalitarismo, tanto el político-ideológico como
el económico. En tiempos y espacios históricos semejantes al paraguayo, que
todavía están lejos de las ventajas siempre perfectibles del Edd, una de las
crueles manifestaciones despótico-autoritarias es la metáfora de la “escopeta
de dos cañones”.
¿Qué
quiere decir esto último? Sencillamente que rige el poder fáctico que no
alcanza el estatus propio de la dominación institucional democrática, sino tan
solo el poder opresivo y arbitrario, propio de culturas a las que
genéricamente, y para simplificar, denominamos autoritarias. Bajo la vigencia
del régimen de poderes fácticos, la ley, el derecho y la Justicia son suplantadas
por la escopeta del poderoso de turno, la que, cuando apunta a un “amigo”,
correligionario o cómplice, lo hace con el cañón que usa cartuchos de fogueo. Y
cuando la mira se dirige al “enemigo” (“contreras”, opositores, disidentes,
“cerdos burgueses”, “títeres del imperialismo” u “oligarcas y plutócratas”), es
decir, al “hereje contrarrevolucionario”, el tubo cañón está cargado con
munición tigrera, listo para “liquidar” a quien sea, sin más ni más.
Se
trata de la jurisprudencia del paredón castro-guevarista, después de la
“sentencia” a pena de muerte, decidida de antemano por quienes dan orden tras
bambalinas (los “revolucionarios”) al “tribunal popular”, y muchas veces sin
haber pasado por tan trágico circo, montado este al solo efecto “pour la
gallerie”.
Ahora
mismo, por ejemplo, se recurre al proyectil castro-chavista de guerra, de bajo
calibre y elevadísima velocidad, para clausurar sangrientamente la vida del
enemigo democrático en la cabeza
destrozada del o la mártir que se inmola por valores supremos, como lo
hicieran Espartaco y los esclavos rebelados (73 a 71 a. de C.), entonces contra
la opresión de la Roma republicana, encaminándose raudamente hacia el imperio,
que ya lo era para pueblos y naciones aplastados bajo la férula de sus
legiones. Ahora las armas que siegan vidas libertarias son disparadas por
francotiradores de los genocidas Castro y para eliminar terroríficamente a una
víctima propiciatoria escogida al azar, de entre los heroicos revolucionarios
democráticos venezolanos, estudiantes y ciudadanía, que salen a manifestarse y
a conquistar las calles en busca de soberanía nacional, Edd y sociedad abierta
que, por la vía de las urnas es imposible lograr, debido al fraude “electoral”
del castro-chavismo, es decir del totalitarismo regional.
Los francotiradores que
aprietan el gatillo, cumpliendo las órdenes emanadas del comandante castrista
Ramiro Valdéz (su sobrenombre es “sanguinario”), quien controla al fantoche del
“presidente” Nicolás Maduro, buscan diseminar el terror entre los pacíficos
revolucionarios democráticos, a pesar de lo cual, sabiendo que corren mortal
riesgo al proseguir la protesta, los opositores al régimen títere de La Habana,
en CastroZuela, continúan valerosamente manteniendo su dominio de las calles
que conquistaron en la inmensa mayoría de centros urbanos de Venezuela, país en
el que es minoría de lejos la población rural. Y, desde luego, la carnicería
castrista en Venezuela, que ya lleva más de un mes, y que en lugar de
aplacarse, arrecia, porque lo hace la protesta popular, ¡sin que todavía se
haya enterado el tan “revolucionario” y refinado senadorete (neologismo de
nuestra invención, que agrega una partícula aumentativo-despectiva, al nombre
del supuesto representante del soberano, el pueblo), en este caso el bufón
Carlos Filizzola, admirador desde tiempo atrás de los genocidas Castro, él nada
menos que es uno de los más refinados “luguistas” aquí! Se puede afirmar: “¡Me
decís quien es tu líder y te puedo decir quien sos, si ser humano o engendro
del mal, de vocación totalitaria, en este caso!
Filizzola
(“Filizzbola”: el pueblo “dixit”) pertenece al pro totalitario Frente Guasú
(FG), uno de los grupetes de criollos caviarnícolas (deglutidores de caviar y
demás extravagancias propias de los nuevos plutócratas, cavernícolas
ideológicos, totalitarios y populistas), de pequeños (y no tanto) burguesitos
enriquecidos fraudulentamente bajo el lugo-liberalismo (2008-2012). El FG es la
ínfima mayoría de la microscópica minoría electoral que (salvo en el
electoralismo aluvional de 2008) son en el Paraguay las “fuerzas de
izquierdas”, como les gusta autodenominarse así a los tan chetos y elitistas y
corruptos integrantes de estas partículas de la tan nociva politiquería local,
y que convirtieran en presidente de la República al aventuro y apóstata
Fernando Lugo, y ubicaran a sus entornos de oportunistas e irresponsables
partidos y grupos electoralistas en el Palacio de López, otros poderes de
aparato de Estado y con categoría de inundación devastadora en el
patrimonialismo de la empleocracia pública, entre 2008 y 2012.
En
junio de ese año, antes de culminar su catastrófico desgobierno, Lugo fue
destituido constitucionalmente por mal desempeño de sus funciones y otras
causas, todas de la mayor gravedad para la República del Paraguay y nosotros,
el pueblo. Con él en la presidencia, los “izquierdistas” burgueses locales
(incluyendo a miles de infiltrados castro-chavistas) no llegaron a aplicar el
recetario castro-guevarista del paredón, que integra el arsenal totalitario,
sencillamente porque, teniendo en sus manos tan solo el desgobierno propio de
los aventureros politiqueros, y cobardes, desde el gerifalte Lugo hacia abajo
fueron incapaces de construir “poder revolucionario”, para cumplir con el menú
ideológico “de la lucha de clases”, violenta por definición. ¡Por suerte no
tuvieron tiempo de poner en práctica las órdenes castro-chavistas del
terrorismo de Estado generalizado y sistemático para tomar el poder, al precio
que fuere, y a ser pagado en sangre, lógicamente, y no solo por los
“contrarrevolucionarios burgueses”, sino también por el pueblo en general.
La “escopeta de dos
cañones” de Filizzola, el oportunista politiquero “revolucionario”, de voz cada
vez más blanca, a medida que envejece, cocinándose en su propia hiel de
traiciones alevosas a sus falsamente esperanzadores pregones juveniles, cuando
apunta a la CastroZuela madurista lo hace con cartuchos de fogueo, y al dirigir
el arma a los “contrarrevolucionarios”, los de aquí y acullá, la tiene cargada
con munición de guerra. Ahora bien, ¿qué tiene que ver con esto la ministr(it)a
de “justicia” Abed? Mucho, y feo, repugnante, hablando republicana, cívica y
moralmente, como se evidencia en las líneas siguientes.
Filizzola,
no dice ni “mu” cuando se trata de estudiantes y ciudadanos venezolanos, que se
manifiestan desarmados en contra de la dictadura neo totalitaria
castro-chavista, que impera desde hace casi tres lustros en Venezuela, y que
son masacrados por ello, pero se “rasgó la investidura” que dice poseer (en
realidad en un senadorete “lista sábana” y sistema d’Hondt: máxima corrupción
electoralista, y traidor a la Patria paraguaya Humanidad en la crisis del
“Merc-Unasur” y quien todavía evade a la justicia gracias a sus “fueros”
despóticos, que no puede investigarlo por supuestos actos multimillonarios de
corrupción, en su época de minis[de]tritus del Interior del apóstata y
desgobernante Lugo, quien de haber continuado en el Palacio de López hoy sería
una repodrida réplica en miniatura del sicario Maduro de los genocidas Fidel y
Raúl Castro.
En
otras palabras, Filizzola estalla en denuncias contra los poderes fácticos del
aparato de Estado, tratándose de personas sometidas al indebido proceso, todas
de supuesta orientación de izquierdas, aquí, por la masacre de Curuguaty,
ocupaciones violentas de tierras, y, además, incluso, algunos de ellos acusados
de estar vinculados con el narcoterrorista y mal autodenominado Ejército
Popular Paraguayo (EPP). Estos “procesados” padecen prisión preventiva en la
“cárcel pública de Tacumbú” (un auténtico centro de degradación humana, al que
poco le falta para ser un campo de exterminio), por decisión “judicial”,
después de las correspondientes “imputaciones” fiscales, y quienes ahora en
protesta por el indebido proceso, del que son víctimas, sino todos, al menos la
mayoría, se declararon en huelga de hambre, poco más de un mes atrás.
Se
trata de campesinos, los más de ellos ya en descomposición en esa identidad y
categoría social de ex sufridos y muy explotados trabajadores de la tierra, y
de activistas sociales rurales en sentido lato (no lo son todos quienes reciben
esa denominación, que no integra la mayoría de los auténticos liderazgos de
base de lo que resta del campesinado paraguayo en acelerada y muy injusta
descomposición, exógenamente alimentada), a los que el “Ministerio Público”, por
si todo lo narrado fuese poco, además tiene un titular con nombramiento nulo, y
por ende fraudulento, incompetente y politiquero en extremo, y hasta ahora
inimputable.
¡Pues
con ello se le “rasgó la investidura” al
supuesto tribuno y falso defensor de los derechos humanos, el tal Carlos
Filizzbola, alias “Filizzola”, en lejanos tiempos de luchas juveniles, cuando
todavía no estaba contaminado del todo por la ideología totalitaria
estalinista-castrista!
¿Por
qué hablar no del debido proceso constitucionalmente garantizado, y sí de la injusta farsa procesal que lesiona
garantías constitucionales muy seriamente en el caso de los huelguistas de
hambre de Tacumbú y en tantos otros? Porque mediante fiscales probos, honestos
y no involucrados en maniobras leguleyescas, y también gracias a algunos pocos
jueces con características semejantes (sus nombres no se mencionan bajo el
amparo de la cláusula periodística de la protección de la fuente) es posible
conocer realmente lo que ocurre en los
ámbitos del poder fáctico “Judicial” y de la “Fiscalía”, que tampoco
esta merece tal nombre.
Y aquí aparece, también
con su “escopeta de dos cañones” la minis(tri)ta de los poderes fácticos,
surgida de los polvos tóxicos de tantas “ONG” (“pro domo sua”) que se
transforman en el barro contaminado de supuestos especialistas actuales, lo que
está saliendo a la luz en el caso de Sheila Abed. Ella eludió su
responsabilidad de funcionaria (que no se delega) en el caso de la prohibición
del ingreso de senadores del FG, al “penal” de Tacumbú, aduciendo que no sabía
que se trataba de senadores… Ergo, si le hubiesen informado que los visitantes
eran senadoretes, ¿habría ordenado un tratamiento VIP para ellos? ¿Acaso los
imputados, procesados y en situación de prisión preventiva constitucionalmente
no están en libre comunicación? Es este otro ejemplo del “iter criminis” de la
supuesta ley del más poderoso, pues los procesos de marras (como tantos más)
tienen características inconstitucionales y antijurídicas y punibles, ¿Pesa
sobre los huelguistas la restricción judicial de recibir visitas, sean o no
“parlamentarios” o prelados?
La minis(tri)ta de “Justicia”
Sheila Abed, del gabinete del pre$idente
Horacio Carte$, quien llegó al
Palacio de López comprando a los líderes
del oficialista (de nuevo)
Partido Colorado, e incluso a referentes de la
oposición, gracias al silencio
cómplice de la prensa “poder fáctico”,
y a la inmensa fortuna que posee,
y que la ciudadanía paraguaya sospecha
se originó en sus “negocios” con
el crimen organizado y transnacionalizado
de lanarco-actividad, en la que
formaría parte del imprescindible engranaje
del lavado de dinero, razón por
la cual ha sido y sigue investigado por
la DEA norteamericana y otras
agencias antidrogas ilegales de varios
países que padecen los efectos
tan dañinos de la adicción y del crimen de
la narco-actividad (foto bajada de Google).
La
pregunta es para quien con comportamientos como los aquí denunciados se perfila
como una no tan distinguida servidora pública y abogada-minis(tri)ta de los
poderes fácticos del aparato de Estado local. Las fuentes consultadas aseguran
(y no son “correligionarios” ni simpatizantes de los supuestos “subversivos”,
sino funcionarios operadores del ámbito jurisdiccional-fiscalía, que intentan
ser auténticos servidores públicos de lo que deberían ser Poder Judicial y
Ministerio Público) que sobre tales “procesados” no rige orden alguna de
incomunicación, que de haber sido dictada, tendría que ser una resolución del
juez natural de la causa, fundada en la ley y la justicia, y por razones de
investigación, por ejemplo, y no por acto de arbitrariedad judicial, fiscal o
de la autoridad carcelaria.
La
“escopeta de dos cañones” de la ¿ministra de Justicia? dispara flores para los
senadores del FG, que “no saben” que Maduro es un sicario de los genocidas
Castro (los que violan cruel, horrenda y masivamente los derechos humanos de
los venezolanos), y sostienen en cambio que es víctima de una “conspiración del
imperialismo yanqui”. Tales senadoretes, acompañados de los de todas las
bancadas, en cambio, se “escandalizaron” por la interferencia de un órgano
administrativo del aparato fáctico del Estado y
se “horrorizan” incluso por lo que muy pronto denunciarán como
“terrorismo de Estado”, que no lo es (al menos todavía) en el caso de los
huelguistas de Tacumbú.
En
realidad, a Filizzola y sus colegas “de izquierdas”, y a la mayoría de los
senadoretes, les interesa en nada la fundamental cuestión del debido proceso, y
al parecer tampoco a la señora Abed, y por ello lo de “ministrita”.
“Parlamentarios” y “ministra”, quienes en este caso ejercen de proxenetas de la
Justicia, saben que el Paraguay está sometido al derecho internacional de los
derechos humanos, en asuntos de tanta trascendencia como el debido proceso y
los de la legalidad y legitimidad de las condiciones de vida penitenciaria, aun
tratándose de prisión preventiva y ni qué decir cuando se trata de la pena
privativa de libertad de las personas, a la que debe arribarse por la esencia
ética de la democracia que son los derechos humanos efectivamente garantizados
y respetados, por las autoridades y la ciudadanía, que para eso existe la
institución y el valor de la Justicia.
Por último, por si
alguien entendió mal, quien firma este artículo no se solidarizo con los delitos
y crímenes de delincuentes y terroristas, sean estos “revolucionarios” o los
del aparato de Estado, en la eventualidad de que existan. Pero partidario del
Edd y de la sociedad abierta como es el suscrito, no puede estar de acuerdo con
procedimientos fiscales, judiciales y penitenciarios que no respeten a la
Justicia, sin la cual la vida civilizada es imposible. Como sus cómplices del
FG, Filizzola es un patético “revolucionario” que no hesitaría en cumplir con
la ley no escrita de los paredones castro-guevaristas, si se lo ordenasen en La
Habana y los luguistas estuviesen en el poder. Y los “senadores” en su mayoría
están interesados solo en el espectáculo de “rasgarse la investidura”, la de
ellos, quienes estrictamente hablando no son servidores del soberano el pueblo,
sino que se sirven de él en bandeja de oro. Y a la ministra Abed tampoco parece
en este caso importarle la Justicia, por lo que debiera empezar a estudiar en
serio leyes y ciencia jurídica, como instrumentos institucionales para su realización, sin olvidar que en la materia
ella tiene responsabilidades ¿ministeriales? que no se delegan.
JLSG
Asunción, a sábado 22 de marzo de 2014
