 |
| Imágenes y leyendas en vigilia cívico-periodística en memoria del asesinado periodista Pablo Medina y de su colaboradora de 19 años y estudiante que empezaba la universidad, Antonia Alcaraz (Juan Carlos Lezcano / abc color). |
No nos engañemos: cualquiera sea el nombre del presidente, los parlamentarios, los jueces y fiscales, y las autoridades civiles, militares y policiales, mientras se mantenga este régimen de poderes fácticos coludidos, al interior o exterior del aparato de Estado nunca habrá justicia para Pablo Medina y Antonia Almada, ahora que ya les cercenaran la vida. Tampoco para sus seres queridos y nosotros. Todos fuimos notificados de lo que son capaces de hacer los sicarios del crimen organizado, sean terroristas, narcotraficantes, narcoterroristas o cualquier otra combinación de poderes fácticos actuales, institucionales, criminales, terroristas, etc.
En el Paraguay llevamos décadas padeciendo la denegación reiterada y sistemática de Justicia, a quienes rechazamos y enfrentamos, pacífica y constitucionalmente, la humillación de la injusticia generalizada, convertida esta en una muy negra nube tóxica de opresión y humillación diaria, que nos impide a la inmensa mayoría de los habitantes el disfrute de los libertades, derechos y garantías fundamentales del ser humano.
COLUSIÓN DE PODERES FÁCTICOS
Esto, entre otras razones, como consecuencia del sistema opresor e inicuo que padecemos, resultado de la colusión de los poderes fácticos que nos expropiaran el aparato de Estado recurriendo para ello a un régimen politiquero y partidocrático, ilegal e ilegítimo, subyugador de a un fantasmal no ciudadano y por ende no soberano, aplastado y explotado por los grupos gangsteriles de llamados representantes del pueblo, que además impiden la existencia de un sistema socioeconómico incluyente, sostenible ambientalmente y con tendencia a la equidad reglada por una Justicia que no existe.
El llamado sistema judicial es el candado supuestamente jurisdiccional de un régimen de explotación y opresión caracterizado por lacras de patrimonialismo, despotismo, autori-totalitarismo, regidos por un ordenador de premios y castigos de valores raigalmente invertidos y que supeditan la vida, los derechos, libertades y garantías a los dictados de los poderes de turno, a los que rinde sumisión una minúscula y así llamada corte suprema de justicia, verdadera Suprema Corte de Injusticias. Este núcleo oscuro y tenebroso de legalización de los poderes fácticos se ha convertido en uno de los principales impedimentos para realizar en el Paraguay el ideal del Estado de derecho democrático (Edd), propio de las sociedades abiertas, el único en el cual la libertad impera para realizar la Justicia en todos sus órdenes.
El valor Edd, siempre de realización y avances graduales pero sistemáticos, en los últimos quinquenios enfrentó en la región las aleves y muy fuertes arremetidas del castrobolivarianismo, este más peligroso todavía al estar herido de muerte, con sus ficciones regionales anómicas: Unasur (Unión de Naciones Suramericanas), Alba (Alianza Bolivariana de los Pueblos), MercUnasur y Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños). Estas organizaciones fueron aceptadas incluso por gobiernos que se dicen democráticos, sometidos en diverso grado a aventurerismos politiqueros ultra ideologizados, todos de elevado costo social, político-ideológico e institucional para el presente y futuro de nuestros países.
El silencio al respecto de las democracias de muy baja calidad que impera en el área, con excepciones, es resultado de inconsecuentes liderazgos “demócraticos” de la región, y en los hechos deviene en complicidad con el neototalitarismo neopopulista latinoamericano, que no pocas veces incluso sobrepasan la debilidad de la mera omisión. A tal punto se llegó que los regímenes castrobolivarianos fueron consideradas democracias flexibles y diferentes, y superadoras incluso de las graves limitaciones de las democracias latinoamericanas de tan baja calidad, aunque todas empeoraron sus peores manifestaciones con los condimentos neopopulistas y neototalitarios, todos procesos de “geometría variable” destinados a disciplinarnos en exterminadores proyectos castroleninistas.
Los dictadorzuelos neototalitarios de la nueva oleada regional de tales especímenes, disfrazados de demócratas “participativos” (la versión actual de las obsoletas y fallidas democracias “populares”), para concretar sus fines requieren de la capitis deminutio máxima que significa eliminar o vaciar de contenido el obstáculo estratégico de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), el mejor estandarte de la OEA, organismo que a pesar de tantas inconsecuencias con la histórica Carta de Bogotá (1948) no debe ser destruida, sino todo lo contrario, perfeccionada, para avanzar por el sendero que la transforme en una de las mejores expresiones de un auténtico interamericanismo, que apenas germinalmente inspirara su fundación más de medio siglo atrás, ocurrida en medio de la crisis de protesta y violencia del “bogotazo”.
POLITIQUERÍA Y “JUSTICIA” GANGSTERILES
El poder fáctico judicial está involucrado como organización compleja en graves hechos punibles, inmunes a la Justicia, coludido el poder jurisdiccional, para tales efectos, con los demás poderes fácticos del Aparato de Estado, ejecutivo y legislativo y los demás órganos “constitucionales”, ya que no existe Estado y menos democrático y de derecho, al haberse subordinado lo que debería haber sido el espacio jurídico y político de la sociedad (es decir, el Estado), a las organizaciones del crimen organizado local, operadoras delictivas de aquellas que asuelan el sistema internacional, caracterizado por su desorden.
La poderosa alianza de los poderes fácticos, que con total impunidad opera en el Paraguay, fue gestada bajo los graves desórdenes jurídicos, cívicos, éticos y morales del régimen autoritario último, el del general Alfredo Stroessner (1954-1989) y “su” partido colorado, en minúsculas, pues la ANR desapareció, para volverse “neocolorada stroessnerista”, según la acertada expresión de décadas atrás, del dirigente y pensador liberal Justo P. Benítez h. Los colorados democráticos y aperturistas fueron bárbaramente reprimidos, y generalizadamente desde 1959, los disidentes y verdaderos colorados, quienes así se sumarían a los opositores previa y también cruelmente perseguidos desde la derrota de las fuerzas revolucionarias en la guerra civil de 1947.
La concertación de poderes fácticos extra e intra aparato de Estado, definitivamente hizo metástasis después de 1989, al haber sido travestida la promesa de la imprescindible política-servicio en la aplastante y generalizada politiquería partidocrática de todos los colores e ideologías, que pretende imponernos sus corruptos y opresores intereses como sinónimo de “ley suprema” de esta nación, la que paralelamente está deshaciendo su tan temprana identidad, que en más de un siglo se anticipara al proceso independentista de 1811-1813, el que a partir de 1814 empezó a avanzar hacia lo despótico, despojándose de lo republicano.
La concertación de poderes ilegales e ilegítimos del aparato de Estado, y externos a él, erigidos antes sobre el imperio del poder de la fuerza en nuestra historia, y más recientemente sobre los nuevos poderes fácticos, los del crimen organizado y transnacionalizado del narcotráfico y del terrorismo, unidos como narcoterrorismo por las colombianas Farc, y que aquí pretenden imponernos los narcoterroristas del mal autodenominado Epp (Ejército del Pueblo Paraguayo). Como en otras partes, su inevitable resultado es el Estado fallido local, un preocupante escollo para que la apertura política de 1989 avance hacia la construcción del Edd.
ESTADO DE CORRUPCIÓN
En un tal “estado de corrupción” (la expresión pertenece al intelectual y publicista argentino Mariano Grondona), la perpetración jactanciosa y sin ocultamientos de los hechos y actos punibles es habitual en el poder judicial local, en la sociedad y en todas las esferas del aparato de Estado, como lo saben mejor que nadie litigantes, abogados, magistrados judiciales, fiscales y funcionarios de los denominados poder jurisdiccional y ministerio público”, otros operadores de la justicia, y ni qué decir la opinión pública, esta una forma de denominar a nuestra sociedad en proceso de formación.
En ámbitos judiciales y fiscales trabajan, sin duda alguna, personas honorables, probas, competentes y cumplidoras de la ley, pero lamentablemente son minoría, y el sistema de poderes fácticos neutraliza sus actuaciones realizadas en cumplimiento de la ley y en busca de la Justicia. Poseen tanta fuerza los poderes fácticos denunciados, que muchos se someten a sus dictados incluso por medio de la omisión que se justifica en el miedo, algo que les convierte en cómplices involuntarios de hechos punibles, estos protegidos además por la norma no escrita del silencio, la de no ver, no decir, no escuchar, que forman parte del derecho consuetudinario y de la jurisprudencia habitual, empleados para sus criminales fines por los poderes fácticos y el crimen organizado.
Lo que se sabe acerca de tan graves anomalías constitucionales es resultado de la labor investigativa y de publicidad de la prensa, que en los grandes casos casi nunca llega al fondo en sus investigaciones, a veces por autocensura de los periodistas, algo derivado de la pedagogía del miedo, y que también guarda relación con los propios intereses de las empresas periodísticas, ninguna de las cuales en el Paraguay es empresa periodística químicamente pura. Las redes no pueden investigar pero canalizan la “temperatura” de la sociedad que ayuda a contener peores excesos. Los propietarios de la prensa lo son también de otros negocios, que en no pocas ocasiones generan, o estructuralmente potencian, los conflictos de intereses entre el ejercicio constitucionalmente garantizado de las libertades de pensamiento y de su expresión, y las corporaciones periodísticas y sus redes de intereses particulares, públicos y/o secretos.
Acabamos de fundamentar las razones por las cuales no podemos esperar Justicia, tratándose de este régimen politiquero y partidocrático, subordinado a los poderes fácticos del aparato de Estado y a los externos a este. En otra oportunidad, intentaremos explicar de manera más ordenada del expolio del mbareté, la prepotencia del poder, la suprema ley no escrita del Paraguay y su cultura predominante.
JLSG
Asunción, a 21 de octubre de 2014
0 comentarios:
Publicar un comentario