Escribe
José Luis Simón G.
está invadido por poderes fácticos que amenazan la posibilidad del Estado de
derecho democrático entre nosotros. (Fuente: www.v1.pj.gov.py).
Quien
esto firma, y se hace responsable de ello, ante la Justicia, y con su
vida misma, está a punto de ser expropiado, en los hechos
inconstitucionalmente, de su única propiedad, víctima de una
persecución del poder fáctico que impera en el “poder judicial
(pj)” del Paraguay, empezando por la denominada “corte suprema de
justicia (csj)”. Solo entre comillas y en minúsculas se puede
mencionar a tales “instituciones”. El Paraguay se encuentra,
desde hace tiempo, en un auténtico “estado de naturaleza”
hobbesiano.
Aquí no se trata solo de
defender la propiedad privada legítima sino sobre todo de luchar en
contra del sistema kafkiano de sistemática denegación de Justicia
que existe en el Paraguay, que hunde sus raíces en la dictadura
pasada, y en la debilidad histórica de nuestras instituciones y
cultura cívicas y democráticas, y que a partir de 1989 hizo
metástasis, al punto de convertir al Paraguay en una sociedad
prejudicial y por ello en extremo perjudicial y peligrosa para la
convivencia civilizada.
El Paraguay está sojuzgado
por una fraudulenta democracia de muy baja calidad, en la que los
poderes del Estado han dejado de serlo para convertirse en meros
poderes fácticos, de hecho, al servicio de intereses injustos,
inconstitucionales, ilegales e ilegítimos, lo que configura un
sistema de perpetración de hechos punibles por parte de los
poderosos locales, quienes actúan con absoluta impunidad.
Existen operadores judiciales
y fiscales probos y capaces, pero son muy pocos y están atemorizados
y nada hacen en definitiva cuando deben enfrentar a los poderes que
manejan a nuestras instituciones, incluyendo en ello a sectores de la
“prensa poder fáctico”. También los abogados se han rendido
ante esta autocracia, que es uno de los resultados más perversos de
la politiquería que ha creado este monstruo luciferino, pues los
partidócratas, con excepciones individuales, también, intervienen
descaradamente en los asuntos judiciales que deberían ser tratados
con absoluta independencia de factores extra jurídicos, sean estos
politiqueros, “sociales” o económicos e “institucionales”.
El resultado es que en el
Paraguay impera el “estado de corrupción” generalizado y sin
visos de intención al menos de cambiar. Esto no tiene nada que ver
con las agresiones locales de los “lugo-bolivarianos” para
embarrar el proceso electoralista que conduce a 2013, pues el ex
presidente y sus pandilleros del desgobierno de la autodenominada
Alianza Para el Cambio (APC), lo único que hizo fue incorporar a los
poderes fácticos a sus propias huestes y beneficiarse con ello.
En
este contexto de caos jurídico y político se dio el juicio político
constitucional, legal y legítimo, que destituyera a Lugo el 22 de
junio pasado. La medida apartó a la peor expresión del caos
prejudicial que estábamos viviendo, pero lamentablemente quedó en
eso, apenas, y todo sigue igual, pero sin Lugo y sus comparsas.
Podría decirse que lo único que se ha democratizado
generalizadamente en el Paraguay pos 1989 son la corrupción y la
impunidad.
Esta serie que hoy inicio se
titula genéricamente “Yo acuso al poder judicial del Paraguay” y
que tendrá entregas sucesivas. Irá acompañada de otra serie
también muy preocupante: “Yo acuso a Radio Cáritas –
Universidad Católica”, que involucra a la prensa e Iglesia
católicas en actos de terribles injusticias, aprovechando el
desorden social al que nos condujo la quiebra de la conciencia
jurídica nacional que tuvo mejores tiempos y exponentes en otras
épocas, incluso ejemplos individuales señeros bajo la última
dictadura tradicional del Paraguay.
Me persiguen porque soy un
disidente, un objetor de conciencia y un insobornable luchador por la
condición humana. He cometido errores pero jamás he delinquido y
siempre, a todo lo largo de mi vida, y la que todavía tengo por
delante, siempre me hice y me haré responsable de mis actos y
omisiones. Lucho pacíficamente por la Justicia, que es luchar por la
paz social, por las instituciones democráticas y por el imperio de
la ley para realizar a aquélla.
Como
no puedo seguir litigando en el Paraguay, estoy llevando mi caso, que
es el decenas de miles, a instituciones internacionales. Incluso
presenté una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), la que debí suspender hasta que la mejor expresión
de la OEA revea su posición sobre los sucesos de junio pasado aquí,
que nada tienen que ver, como dijo su entonces máxima autoridad,
Santiago Cantón, un “golpe de Estado parlamentario y
reaccionario”. Acaso fue lo único serio que hizo como Congreso de
la Nación el tan alicaído y desprestigiado “poder legislativo”,
en ello coincidente con los demás poderes fácticos.
Pongo mi caso en manos de la
conciencia jurídica internacional. También en manos de la Justicia
divina. Y me dirijo a la ciudadanía del Paraguay y el mundo,
recurriendo con ello a la tradición propia del derecho romano de
acudir en defensa de mis derechos fundamentales a los tribunos del
pueblo. No pido que crean en mí, y sí que lean muy cuidadosamente
todas y cada una de las odiseas padecidas en nuestros “tribunales”,
y que saquen sus propias conclusiones. Si ya no pasaron por
situaciones similares, muchos de quienes leerán esto, pueden estar a
punto de padecerlas.
Cédula
de notificación de la barbarie
En
preparación del despojo inconstitucional y fraudulento con que
quieren castigarme (todavía no se atreven a decretar de hecho mi
eliminación física), en este caso el cumplimiento de una aberrante
y nula sentencia de “ejecución hipotecaria”, que es inminente,
recibí lo siguiente:
“Cédula
de Notificación / Sello: República del Paraguay / Corte Suprema de
Justicia / Asunción, 17 de diciembre de 2012 / Señor José Luis
Simón G. /
Abogs.
Patrocs. Carlos G. González Morel, Daniel Varela, Gloria Franco
Pérez y Bonifacio Ríos Ávalos / Domicilio: Av. Gral. Santos Nº
710 casi Siria – Capital
Presente:
“Comunícole,
que en el expediente caratulado “Acción de Inconstitucionalidad en
el Juicio: Bríos S.A. de Finanzas contra José Luis Simón Giménez
sobre ejecución hipotecaria” Nº 451 / 2007, la Corte Suprema de
Justicia, Sala Constitucional, ha dictado la providencia, que
copiadas (sic) textualmente dice: “Asunción, 16 de abril de 2012.-
Vista la inhibición del Ministro de la Excma. Corte Suprema de
Justicia, Sala Constitucional, Dr. Antonio Fretes, pare entender en
estos autos, intégrase la citada Sala, con el Ministro de la Corte
Suprema de Justicia, Dr. Sindulfo Blanco. Hágase saber a las partes,
notifíquese. Firmado: Víctor M. Núñez R. (Ministro). Ante mí:
Héctor Fabián Escobar Díaz (Secretario).
“Queda
Ud. debidamente notificado. / Firma y sello: Gustavo Daniel Saucedo.
Ujier Notificador / Hay un sello ovalado en el cual se lee: / Poder
Judicial / República del Paraguay (escudo oficial, redondo) /
Secretaría Judicial I / Corte Suprema de Justicia”.
¿Pueden
juzgarme, los “magistrados” mencionados en este documento y más
abajo, y otros que irán apareciendo en entregas sucesivas? ¿Son
probos, honorables, competentes, capaces, independientes…? A
continuación un primer enjuiciamiento de algunos de mis “jueces”
y sus circunstancias.
Reino
de la arbitrariedad y prepotencia
Un
ejemplo, entre muchísimos más, del inconstitucional funcionamiento
del “pj”, lo tuvo el accionante JLSG cuando, en un descuido de
“sincericidio” de los intocables “magistrados supremos”,
habitual aquí entre las autoridades de todos los poderes, y órganos
constitucionales “extra poderes”, resultado deplorable y
peligroso de la impunidad prevaleciente, cuando el entonces
“ministro” presidente de la “corte suprema de justicia (csj)”,
y titular nada menos que de su “sala constitucional”, Antonio
Fretes [1], en una audiencia concedida en su despacho oficial al
peticionante JLSG (era el segundo semestre del año 2007, casi con
seguridad) le confirmó los peores temores del académico,
intelectual y periodista.
Eso
ocurrió cuando el litigante de manera educada, ética y legal le
requirió que la “csj” ––en sus casos elevada a ella, por
medio de auténticas acciones de inconstitucionalidad, y no arteras
maniobras de “tercera instancia”–– empleara las leyes y el
derecho para realizar la Justicia.
La solicitud de audiencia por
parte del litigante fue necesaria porque JLSG supo de fuentes
internas y confiables de la “corte”, y de los “mentideros”
filtrados desde las sentinas de los Poderes Fácticos Paraguayos
(PFP), que sus traficantes de influencia habían empezado a visitar
regularmente a varios “ministros” en general y en especial a los
de la “sala constitucional”, al haberse enterado que, en su
oportunidad, cada una de las acciones de inconstitucionalidad del
accionante había sido admitida.
El titular de la “corte” y
de su “sala constitucional”, después de expresar típicas
banalidades de rigor acerca del respeto del respeto que imperaba en
el “pj” a la Carta Magna, respondió a su interlocutor, uno de
tantos de sus miles de sus “ex alumnos” [2], que las pretensiones
suyas como litigante en la acción de inconstitucionalidad eran
legítimas y legales, constitucionales, en suma, pero que la “csj”
no podría fallar en derecho y Justicia, porque eso acarrearía “el
colapso del sistema financiero nacional”. Le sugería, en suma,
“extrajudicialmente”, pre opinando escandalosamente de esa
manera, que por propia voluntad retirase sus acciones, para evitarse
males mayores.
Además, el doctor Fretes le
manifestó en “confidencia” a JLSG ––autoexcluyéndose él de
tal arbitrariedad, por supuesto–– que sus colegas de la “corte”
no le perdonaban al periodista e intelectual recurrente en
incosntitucionalidades sus campañas de crítica sistemática a las
arbitrariedades imperantes en el denominado Poder Judicial.
Entre ellas la defensa
humanitaria y en justicia que había realizado del siquiatra,
escritor, poeta e intelectual paraguayo, Roque Vallejos Pérez-Garay,
quien habiendo caído en desgracia en la “corte”, en la cual
trabajaba profesionalmente, de manera arbitraria y con saña fue
perseguido “judicialmente”, siendo cesado de su cargo de
principal siquiatra forense de esa máxima instancia jurisdiccional,
lo que terminaría acelerando su muerte por suicido.
El periodista JLSG, en el
influyente espacio periodístico que dirigía entonces de lunes a
viernes, emitido por Radio Cáritas-Universidad Católica (680 AM),
de la que es licenciataria el Arzobispado de Asunción, entre las
13:30 y las 15:30 hs, después de investigar los hechos comprobó la
injusta e ilegal persecución desatada en contra del doctor Vallejos
por los poderes fácticos del “pj”, y durante una campaña
denunció a lo largo de más de un año este caso atroz, como muchos
más, de arbitrariedad “judicial” perpetrada en sus más altos
niveles, y que concluiría con la auto eliminación de otra víctima
de las injusticia y prepotencia del poder institucionalizas en el
Paraguay, que caminaba a su bicentenario.
La “corte”, en esa
coyuntura nunca se atrevió a “procesar” a JLSG: ¡ya habría
tiempo para hacerle pagar muy duramente su osadía”, la de
pretender Justicia. Fruto de esta terrible experiencia es una novela
que JLSG está ahora escribiendo, utilizando para ello el testimonio
último que le dejara por escrito el poeta Roque Vallejos, antes de
suicidarse. La obra está aún en proceso de redacción.
A quien esta anécdota pudiera
parecer una burla escandalosa y reprobable del ahora denunciante, el
responsable de este blog, JLSG, se le responde que, en realidad, se
trata de un tipo particular de “tomografía computarizada” de la
metástasis que predomina en el “Estado” paraguayo.
Un ejemplo muy reciente de tal
descomposición, de abril pasado, fue la lucha entablada entre un
sector importante del “senado” (órgano que debería ser centro
de la democracia, y que lamentablemente también se ha deslegitimado
por completo de sus actuaciones politiqueras, patrimonialistas, y
despóticas) y el “poder judicial”, expresión clásica esto del
peligroso juego de suma cero entre instituciones públicas,
convertidas apenas en expresiones de los poderes fácticos.
Ministro
mentiroso e impune: ¿puede juzgar?
En
dicho contexto, el también ministro de la Corte, Sindulfo Blanco,
reconoció a la prensa que había mentido públicamente (cuando
concursaba por una curul en la cúpula del “pj”) al declararse
partidario de la tesis prevaleciente en el “senado”, según la
cual los ministros del supremo tribunal duran en funciones sólo por
periodos de cinco años, como cualquier otro magistrado judicial,
hasta que constitucionalmente logren su inamovilidad.
Adujo que conscientemente
había faltado a la verdad, a los efectos de ser seleccionado para
integrar una de las ternas para “ministro de la corte” [3]. Sin
rubor se justificó diciendo que había incurrido descaradamente en
tamaño fraude para llegar a la “corte”. En otras palabras,
oportunistamente y a sabiendas de su fraude, se embarcó en una
acción contraria a la verdad y a la rectitud, sometiéndose así a
la posición constitucional al respecto, que era la imperante en el
“senado”, es decir, la “políticamente correcta”.
Después
de la conmoción originada por tan degradante confesión pública, y
presionado por sus preocupados cómplices-colegas, quienes temían
las posibles consecuencias negativas que tendrían para ellos, esas y
otras felonías, el ministro mentiroso Blanco explicó que “no
dije lo que me atribuyen”.
Y cuando la prensa le enfrentó con la grabación de su propio
“sincericidio”, sostuvo que al haberse expresado en tales
términos él no se encontraba bien de salud ––y así sigue
estando––, sobre todo en lo emocional.
Hasta hoy Blanco aún sigue
siendo ministro de la Corte: él no se siente obligado a renunciar,
los partidos políticos representados en el “poder legislativo”
no han pedido su juicio político, y tampoco los colegas del
mentiroso magistrado supremo se dieron por enterados del caso, y el
“ministerio público (mp)”, dizque el representante de la
sociedad ante los estrados judiciales, tampoco investiga la auto
confesión del comportamiento inmoral, fraudulento y degradado en
extremo de Blanco.
Los poderes fácticos que
imperan en el Paraguay, por ahora, no consideran necesario ni tan
siquiera la declaración de la supuesta inimputabilidad de tan
peculiar ministro de la “csj”. Un denominado “tribunal ético”
judicial, interinado por un seudo constitucionalista, ex
“parlamentario” y correligionario liberal de Blanco finalmente
cerró el caso con una amonestación simbólica… Son estos
escándalos, y tantos más, auténticas manifestaciones de terrorismo
judicial que terminan deslegitimando al ideal del Edd y son
utilizados por terroristas como los del autodenominado EPP para
justificar sus locuras de violencia y sangre.
Esta
es la calidad moral, acaso con alguna que otra excepción, de los
jueces supremos, y en general de los magistrados y fiscales, que
imparten “justicia” en el Paraguay y deben producir las carpetas
fiscales para llegar a ese estado.
En
contra de tanta injusticia institucionalizada, y del Estado de
derecho democrático de tan baja calidad que padecemos los
paraguayos, y de otras manifestaciones similares e incluso peores, es
que se eleva esta denuncia, pues no solo hace referencia a los
padecimientos del ciudadano JLSG que lleva décadas luchando por el
imperio de la ley en su patria, y también en el continente y el
mundo: se trata de un eslabón más en la lucha local, que es también
mundial, por alcanzar el Edd, el que por definición no puede ser
perfecto, pero sí tiene que incluir y asegurar el funcionamiento de
los mecanismos necesarios para el ejercicio diario y sistemático de
su perfectibilidad [4].
JLSG
Asunción, a miércoles 26 de
diciembre de 2012
Código del artículo: JLD5
Notas y
Referencias bibliográficas, documentales y periodísticas
[1]
En ese entonces, el ministro-presidente Fretes (como otros
integrantes de la “corte”, desde 2008 se convertiría en asiduo
visitante de las “carnestolendas” de excesos lujuriosos en la
mburuvicha roga del desgobernante Fernando Lugo, hasta 2012), al
igual que no pocos de sus antecesores y varios de sus colegas de
antes, durante y después, se encontraba envuelto en un grave
escándalo de denuncia pública de corrupción realizado por sectores
de la prensa, resultado de investigaciones periodísticas, ninguna de
las cuales finalmente fue sustanciada en una verdadera investigación
judicial, tal como lo establecen la Constitución, Tratados, Códigos
y leyes ordenan. No pocas veces, la “prensa” también actúa como
otro poder fáctico, amenazando con escándalos para después
negociar sus pretensiones “judiciales”. Ese affaire
mencionado sobre tierras, según las denuncias, también involucraba
directamente al también miembro de la “sala constitucional”, y
actual presidente de la “csj”, Víctor Núñez, quienes con los
demás integrantes de la cúpula del “pj”, a principios de 2012
tuvieron el descaro de recurrir a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), a raíz de la lucha entablada entre los
poderes fácticos, el “judicial” y un sector importante del
senado (formado a tales efectos por una de tantas mayorías
circunstanciales y coyunturales), el que igualmente envió a dos de
sus miembros a Washington, para hacer “lobby”, desde sus
intereses, ante la OEA y la Comisión. A Fretes y Núñez se les
acusaba de haber recibido ilegalmente tierras del Indert (Instituto
de Reforma Agraria), y otros hechos punibles, al igual que el también
ministro Sindulfo Blanco, quien ni siquiera pagó el oportunista y
mínimo “precio” de remate por el cual inconstitucionalmente
accedió a tierras que debían destinarse exclusivamente a pequeños
ganaderos y no a muy ricos y poderosos “juristas”, especuladores
de la propiedad inmobiliaria del “estado”: ver
http://www.ultimahora.com/notas/527570--Blanco-no-termino-de-pagar-por-las-5-mil-hectareas-que-recibio-del-IBR
y
http://www.ultimahora.com/notas/527572-Ariel-Blanco-dijo-desconocer-si-su-padre-pago-todo-o-no
.
Lo
narrado ocurría cuando acababa de tener repercusión local un último
informe de la CIDH sobre las inhumanas condiciones de detención y de
internamiento ––en realidad infernales–– que todavía imperan
en sedes “policiales” y en el denominado “sistema
penitenciario” nacional, con las excepciones de rigor, desde luego.
Un eco de tales tratos inhumanos, crueles y degradantes, algo
habitual en tales ámbitos (al igual que lo que ocurre en sedes
“judiciales” y “fiscales”, y “legislativas” y
“ejecutivas”), y refiriéndose al reciente documento de la CIDH
sobre el Paraguay oficial, que con otras instituciones
internacionales muy a menudo desnudan la verdadera realidad nacional,
fue el del periodista Eliseo Paciello:
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/tortura-y-hacinamiento-carcelario-401332.html.
Correspondería
también investigar la prostitución en que han caído tantas
organizaciones de “derechos humanos”, locales e internacionales,
a causa de sus orientaciones ideológicas y politiqueras, y/o porque
han incurrido en la degradación de convertirse en verdaderas
industrias sin chimenea, las del enriquecimiento de sus burócratas
fashion,
¡tan cerca siempre del rol adoradores del Moloch del poder de lo
politiqueramente corrupto y de lo tan alejado que se encuentran del
ideal de la organización y rol de servicio que debieran cumplir,
incluso poniendo en peligro la propia vida, como hacen quienes
denodadamente continúan siendo fieles a la condición humana, “lo
contrario de la humillación”, según André Malraux! Forma parte
de esta gravísima perversión del ideal de las sociedades abiertas y
de sus exigencias éticas y de políticas públicas, las “cumbres”
de jefes de Estado y de Gobierno que han proliferado en la región,
para perfeccionar el asalto al modelo del Estado de derecho
democrático (Edd); este travestismo y/o transformismo de la política
en politiquería se consuma cada vez que en tales conferencias,
inconsecuentes y atemorizados líderes democráticos
(¿quintacolumnistas?) hacen profesión de fe de ideales democráticos
con dirigentes opresores, los de regímenes totalitarios (Cuba), neo
populistas-autoritarios (Argentina), y los del totalitarismo light
al estilo venezolano (Teodoro Petkoff dixit),
ecuatoriano, boliviano, y nicaragüense, y hasta donde puede llegar,
el también apóstata (político y religioso) desgobernante paraguayo
Fernando Lugo, el “teólogo de la liberación”, en realidad
violador consuetudinario de todos los valores humanos sustantivos,
que si no ha llegado más lejos en arbitrariedades desde su
desgobierno (2008-2012), es sólo a causa de su extrema debilidad
politiquera.
Pero
volvamos a lo de las últimas denuncias que involucran a miembros de
la “corte” en negociados de grandes extensiones de tierra ––en
un país en el que, sin la menor contaminación de populismo y
politiquería, afirmamos que sigue siendo uno de “grandes
extensiones de tierras sin hombres y de cifras abrumadoras de hombres
sin un trozo de ellas para sobrevivir, y de grandes sectores sociales
excluidos hasta de lo mínimo de bienes y servicios propios de la
vida moderna––, y a sus testaferros y colaboradores cercanos, los
novísimos escándalos de ayer que hoy envejecieron, algo que ocurre
a diario, y sin solución de continuidad, sus primeros registros
periodísticos, entre numerosísimos más, se encuentran en los
siguientes enlaces:
[2]
Es todo un tema de investigación, no explorado en serio, y siempre
dejando a salvo a los verdaderos catedráticos, escasos y
excepcionales, lo que desde hace tiempo se denomina la “docencia”
en las Facultades de Derecho y Ciencias Sociales de las universidades
paraguayas, en las que ejercen de “catedráticos” no pocos
“ministros” de la “csj” y otros muchos magistrados, sin
realmente ser académicos. Extrañamente resulta imposible acceder a
las tesis doctorales de los más encumbrados jerarcas “judiciales”
de los últimos tiempos, que como tales son documentos públicos y
deberían estar al acceso libre de académicos, ciudadanos,
periodistas, etc. Vinculado a todo ello está el fenómeno
relativamente reciente del negociado las “disertaciones doctorales
“express o copy page” de muy elevadas “personalidades”, que
solamente en el Paraguay de las últimas décadas no genera
sanciones, excepto la social que ya se manifiesta en público. Pero
todo se reduce a eso, a diferencia de lo que ha ocurrido
recientemente en Europa, en cuyas universidades fueron privados de
sus doctorados y debieron renunciar a sus cargos, un ministro de
defensa (Alemania) y un ex jefe de Estado (Hungría), en tanto le
fuera retirado su doctorado a un hijo del asesinado y vejado genocida
Muammar Gadafi, obtenido en la (ex) prestigiosísima London
School of Economics
(LSE), pues su tesis aprobada sobre “Edd y sociedad civil” se vió
ahogada en sangre inocente del pueblo libio, derramada
sanguinariamente por el summa
cum laude
londinense, en el marco de un gran escándalo que también fue
acompañado por el derivado de una “donación” de la Libia
todavía de Gadafi, de un millón y medio de libras para la
Universidad de Londres, efectivizada muy oportunamente antes de la
“consagración académica” de uno de sus hijos, poco después
también convertido en genocida de las etnias de su propio país. El
director de la escuela británica debió renunciar y el doctorado le
fue casado. Aquí, nada de eso ha ocurrido hasta ahora. Es por eso
que, refiriéndose a otros asuntos, un articulista local habla de la
versión paraguaya de la ley, que en tiempos coloniales se “acataba
pero no se cumplía” y que ahora ni se acata ni se cumple.
[3]
Al respecto, entre infinidad de más fuentes periodísticas,
consultar los siguientes enlaces en la red:
http://blogs.ultimahora.com/post/5576/40/por-sus-lapsus-calami-los-conocereis.html
[4]
La cuestión de los graves déficit que padece el Paraguay en materia
de su tan anémica cuan anómica institucionalidad, que prevalece
históricamente desde 1811, situación que agravó la peligrosa
herencia de autocracia con rasgos autoritarios y totalitarios dejada
por el stroessnerismo,
es
objeto de estudio en varios trabajos sobre derecho constitucional y
políticas públicas, por ejemplo: Carlos Mateo, El
desarrollo institucional,
El Lector, Asunción, 1995, primera edición; y, Mikel Barreda y
Andrea Costafreda, “La transición democrática y el sistema
político institucional”, pp. 71-124, y Germán Burgos Silva y
Joaquín Támara Espot, “Marco constitucional y legal y desempeño
institucional del Estado de derecho para el desarrollo”, pp.
169-244, en Joan Prats i Catalá (Director del Estudio), en
Diagnóstico
institucional de la República del Paraguay,
IIG / PNUD, Asunción, 2002.
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