Escribe
José Luis Simón G.
Fernando
Lugo Méndez, el mataparaguayos
todavía
presidente “bolivariano” del Paraguay, y parte de sus cómplices
más cercanos, palaciegos y del gabinete (Fuente: Última
Hora).
Los
“bolivarianos” saben que si triunfa el juicio político y Lugo es
condenado, las
cabezas de todos sus gobernantes totalitarios pueden
verse amenazados por
similar medida en sus respectivos países. Todo
esto está en juego en Asunción
del Paraguay, cuna de la primera y
efímera república mundial, basada en la
soberanía popular, la de
los Comuneros.
Gobiernos
de origen democrático como los de Brasil, Colombia, Chile y Perú
están sometidos al totalitario Hugo Chávez, mientras la OEA avanza
institucional,
decretado oficialmente por el “bolivarianismo” en
la última Asamblea General del
sistema interamericano, realizado en
Cochabamba a principios de junio, al
mantenerse en un vergonzoso
segundo plano en la crisis paraguaya.
Es
la hora de rescatar cívicamente a la soberanía nacional entregada
por el
luguismo
y que los partidos políticos movilicen pacíficamente a sus bases en
defensa de la Constitución Nacional, pero el Congreso debe revisar
sus plazos
procesales para impedir que Lugo de victimario termine
convertido en víctima. No
se trata de regresar sobre la decisión
del juicio político, que es correcta, pero sí
de ampliar
razonablemente los plazos procesales, en esta situación, en la
medida
en que ello sea posible ahora. Los abogados chicaneros
luguistas ya están
aprovechando esta fisura legal, para ganar tiempo
a favor del responsable
político número uno de la masacre de
Curuguaty, Lugo, causante también del
mayor desgobierno en la
historia nacional.
La
acusación está bien fundamentada, pero en situaciones como esta, de
un
juicio político, la forma es el fondo, también, y sobre todo en
un país como el
nuestro en el cual la juridicidad está tan
devaluada, empezando por el mismo
Lugo, a pesar de lo cual debe
garantizársele su derecho a la defensa en este
proceso, hasta el
extremo, para evitar las chicanerías que ya aparecieron, como
la
inconstitucional acción de inconstitucionalidad incoada por el
Palacio de Lugo,
ante la “Corte Suprema de Justicia”, uno de los
poderes fácticos de nuestro
aparato de Estado. Es lamentable que
ayer los senadores desecharan la
propuesta correctamente garantista
en extremo del PPQ, y optasen por la
propuesta “vía rápida” del
verborrágico, y de deplorable historial democrático, el
senador
Juan Carlos Galaverna, colorado-galavernista, el único, además.
Desde
luego, es inaceptable el plazo de un mes que pretende imponer
el
“bolivarianismo” para el juicio político.
Chávez,
el dictador proto-totalitario de su pueblo, quien también está
extendiendo
su jurisdicción antidemocrática hasta el Paraguay
sometido a los
mataparaguayos
“bolivarianos”, ya sentenció que el Congreso Nacional es
“golpista”, y ninguna voz democrática de América Latina y el
Caribe es capaz de
alzarse en contra de esa agresiva e injusta
calificación y de la colonialista y
opresiva agresión
mercunasuriana,
en defensa de las libertades democráticas en
Paraguay y América.
Pero
lo más grave del caso es que los partidos tradicionales, Liberal
Radical
Auténtico
(PLRA) y Colorado
(ANR), y las más nuevas organizaciones como el
Partido
Patria Querida
(PPQ), la Unión
Nacional de Colorados Éticos
(UNACE), y
los socialdemócratas que responden a Rafael Filizzola, en
vez de haber
movilizado a sus bases, imprudente y/o cobardemente las
replegaron. Esto, en
momentos en que el Congreso empezaba a ser
rodeado por las huestes
prebendarias del luguismo
mataparaguayo y “bolivariano”, fortalecido por la
presencia
masiva en Asunción de la garra intervencionista de la “diplomacia”
del
mercunasuriano
y antidemocrático chavismo, que no está aquí para “mediar”,
algo que no fue solicitado por el Parlamento paraguayo, sino que
llegó para
imponer la dictadura totalitaria chavista también en el
Paraguay. Esto debe ser
rectificado de inmediato, pues todavía hay
tiempo para las movilizaciones
populares, pacíficas y en el marco de
la Constitución, en defensa de nuestro
proceso democrático. Para no
ir más lejos, la sangre vilmente derramada, por
terroristas
“bolivarianos”, de 18 compatriotas en Curuguaty, clama justicia.
¿Quién
es Chávez para calificar de “golpista” a nuestro Congreso?
¿Quién es la
presidenta Dilma Rousseff para hablar de “golpe de
Estado” a través de sus
voceros? ¿Podemos considerar defensora de
la democracia a la presidente
Cistina Kirchner y a Evo Morales y
Rafael Correa? Y si bien el comportamiento
político del presidente
José Mujica en su país, en general sigue siendo correcto,
al haber
“apadrinado” por orden de Chávez la agresión al Paraguay que es
Ushuaia
II,
en modo alguno es neutro en esta crisis política paraguaya y él es
un
responsable principal de esta intervención colonialista, la de un
ex Tupamaro, tan
“antiimperialistas” los terroristas uruguayos en
su momento… De los colegas del
caraqueño canciller chavista Jorge
Lara Castro, no perdamos tiempo tan siquiera
en mencionarlos,
agresores de nuestra debilitada democracia y cómplices del
totalisaurio
del Caribe, Fidel Castro, reemplazado ahora por su hermano
dinástico,
Raúl, pero siempre la sombra negra de medio siglo que todavía
enluta
a Cuba.
Chávez,
su secretario Lugo, y sus operadores politiqueros locales, apoyados
por
los cancilleres extranjeros, ya empezaron a operar para dividir a
los senadores, y
uno de los arietes del oportunismo politiquero es el
senador luguista Luis Alberto
Wagner, con el respaldo de Domingo
Laíno, el millonario “itaiputizado” gracias a
Lugo, ambos
también abiertamente subordinados al “bolivarianismo”, ¡tan
paraguayos ellos! Pero confiemos en que nuestros parlamentarios
–cualquiera
sean las diferencias que tengamos con ellos, las que
continuaremos debatiendo
en condiciones de libertades democráticas–
sabrán mantener la postura.
Los
cancilleres mercunasurianos,
y por ello “bolivarianos”, que están aquí
supuestamente para
“mediar”, en realidad para apoyar a Lugo, en violación de
tratados internacionales y de valores y principios democráticos, no
respetan
ningún “procedimiento” institucional, mientras sus
presidentes ya nos amenazan
con las represalias de la
inconstitucionales disposiciones –para el Paraguay– de
Usuhaia
II.
Esta es hora de definiciones para nosotros y debemos defender a
nuestro Parlamento, sin importar que el mundo entero nos condene hoy.
Es en
los momentos críticos de la historia que los pueblos pueden
demostrar su valor,
en este caso para defender a la democracia en el
Paraguay y América.
Si
esta crisis política nacional, que desembocó por irresponsabilidad
de Lugo y
los “bolivarianos” en un constitucional juicio
político, también por el
intervencionismo mercunasuriano,
los responsables de una guerra civil en el
Paraguay serán Lugo y los
mataparaguayos
segundones del “chavismo” que
busca incendiar el mundo desde
América Latina.
Asunción,
22 de junio de 2012
Nota Editorial
El
artículo que sigue a continuación lo firma el Editor Digital de
este sitio, y el Editor General no comparte en modo alguno, en la más
mínima medida, su interpretación de la coyuntura.
Pero este blog no es uno para
publicar solo lo que coincide con la opinión editorial de JLSG,
quien tiene una vastísima y muy larga experiencia en defender la
libertad de pensamiento y de expresión.
Como resultado de su defensa de los
derechos fundamentales del ser humano ha debido soportar exilio y
persecuciones dictatoriales. También sufrió –por ejemplo– el
despido inconstitucional de medios de prensa, como le ocurriera en
diciembre de 2006, en Radio Cáritas-Universidad Católica, cuando su
director era Augusto Dos Santos, solidario con las persecuciones a la
prensa libre en los países sometidos a dictaduras “bolivarianas”,
y hoy ministro de desinformación del desgobierno del mataparaguayos
Fernando Lugo.
La publicación de este artículo es
una muestra de la libertad de pensamiento y expresión que impera en
este blog, y que no es practicada por Lugo y Dos Santos, pues
JLSG carece del menor espacio en la “TV Pública” y en la red de
medios de comunicación oficialista. Bienvenida, pues, la opinión
disidente de José A. Valenzuela Fernández con la línea editorial
de este espacio.
EL INTENTO DE GOLPE DE
ESTADO PARLAMENTARIO Y EL PELIGRO DE RETROCESO EN EL PROCESO
DEMOCRÁTICO EN EL PARAGUAY
Escribe José A.Valenzuela Fernández
Con
todo el clima de crispación social generado por la llamada “Masacre
de Curuguaty”
-hace una semana-, no es el momento de iniciar un
juicio político al presidente Lugo. En
artículos anteriores
advertíamos que grupos político-criminales de extrema “izquierda”
podrían aprovechar la coyuntura para derramar más sangre. Y por
otra parte, sosteníamos
que también grupos de extrema derecha, en
la persona de varios exponentes de la
politiquería (entre éstos los
conocidos sabaneros
parlamentarios), encontraron
la excusa
perfecta para ir sepultando la intención del desbloqueo de
listas electorales. Notemos que
los primeros en pronunciarse a favor
de enjuiciar al presidente, fueron los mismos que
semanas atrás
fueron duramente cuestionados por la ciudadanía, en referencia a que
no
representan los intereses del pueblo.
El legal y legítimo presidente de la república del Paraguay para el periodo 2008-2013, Fernando Lugo Méndez.. Foto de www.presidencia.gov.py |
En
tal sentido, es justo señalar que el número uno del Poder Ejecutivo
es, sin lugar a dudas,
más legal y legítimo que muchos de los
diputados y senadores. Recordemos que más de
1.700.000 personas
votaron en las elecciones generales del 20 de abril de 2008, en las
que
resultó electo presidente de la República del Paraguay, para el
periodo 2008-2013,
Fernando Armindo Lugo Méndez. Cerca de 800.000
electores consensuaron la voluntad de
todo un pueblo para nombrarlo
su genuino representante en el Poder Ejecutivo. Y la
contracara está
en los electos en el parlamento con un régimen de listas cerradas,
que si
bien se ajustan a la norma constitucional y electoral, no
representan genuinamente al
pueblo,
porque éste no tuvo la ocasión de escogerlos de manera directa en
el cuarto
obscuro como sí aconteció con el actual presidente del
país.
En
consecuencia, cabe preguntarnos: ¿Qué derecho tiene un grupo de
parlamentarios -de
dudosa legitimidad- decidir sobre el legal y
legítimo representante del poder ejecutivo?
Ninguno, viejo. Los
diputados y senadores no tienen el derecho de tamaña
irresponsabilidad. El sentido mentado de la acción de la “Masacre
de Curuguaty”, es este
juicio político!!! Y los torpes en el
Congreso Nacional, en mi opinión, se prestaron gentiles,
no tanto
adrede, sino por el irracional criterio político (en este caso,
cretinismo politiquero)
que caracteriza a varios exponentes que nos
“representan”. Los impulsores del juicio
político, no vieron ni
ven más allá de sus narices, no están para defender los intereses
de la
nación.
Escuché
el escueto libelo acusatorio –mamarracho “jurídico”– de los
“fiscales”
parlamentarios contra el presidente... y todo lo que
supuestamente hizo mal. Sin necesidad
de ser abogado, cualquiera sabe
que los “argumentos” esgrimidos rayan lo absurdo,
carecen de
congruencia. Asimismo, se ha violado con la premeditación, alevosía
y ventaja,
el debido proceso. El derecho constitucional a la defensa,
le fue negada a Lugo Méndez.
Apenas le concedieron unas horas para
preparar sus alegatos.
Lugo
es un pésimo presidente, todos queremos que se vaya. Pero que se
vaya al terminar
su periodo presidencial. El fue electo por voluntad
popular, expresada en las urnas. La
institucionalidad de República
es más importante que Lugo. Sabemos que si él se va hoy,
mañana el
Paraguay seguirá tan igual o peor. No hay beneficio para el
Paraguay en sacar
ahora a su legítimo representante en el poder
ejecutivo. Yo
no voté por Lugo, pero hay
que manifestarse a favor de la
institucionalidad de la República. Él fue electo
presidente para el periodo 2008-2013, y un parlamento de dudosa legitimidad, "electo"
bajo el "cobijo" de las listas sábanas, no tiene autoridad moral para juzgar a nadie, y
menos todavía, por mal desempeño de funciones.
presidente para el periodo 2008-2013, y un parlamento de dudosa legitimidad, "electo"
bajo el "cobijo" de las listas sábanas, no tiene autoridad moral para juzgar a nadie, y
menos todavía, por mal desempeño de funciones.
JAVF
Asunción, 22 de junio de 2012
0 comentarios:
Publicar un comentario