En la OEA el Paraguay defiende su
independencia, soberanía y dignidad nacionales, y al sistema interamericano y a la
democracia en la región
Escribe José Luis Simón G.
(Ciudadano y
soldado de la Patria Paraguaya)
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Nuestra enseña tricolor flamea
bajo el cielo celeste-azulado del Paraguay, ondeando orgullosa frente al Templo
de la Patria y Oratorio de la Virgen Nuestra Señora de la Asunción (Fuente:
Leticia Chamorro, del blog “Tus poemas poesías”, bajada de Wikipedia).
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El catedrático Rubén M.
Perina, actualmente dictando clases en el “Centro de Estudios Latinoamericanos”
(Universidad de Georgetown,
Washington, D.C., EUA), publicó el lunes 2 de julio, en el prestigioso El País de Madrid, un análisis
esclarecedor del ultraideologizado y represivo uso que malintencionadamente
están haciendo los regímenes “bolivarianos” de la región –sus subordinados
aliados, entre ellos el ex desgobierno de Fernando Lugo, de triste memoria
histórica nacional–, y otros pusilánimes mandatarios “democráticos”, estos en
los hechos temerosos de las bravatas y locuras del dictador venezolano Hugo
Chávez.
El
enjundioso y breve artículo de Perina apareció bajo el título de “Organismos
regionales y el Paraguay”, y en la correspondiente “bajada” se especifica que
es un breve estudio de “los mecanismos institucionales para restaurar el orden
democrático”, en los países de la región en que ello se haya producido. Al
respecto, y junto con exponer las limitaciones de los “remedios” para frenar
brotes autoritarios, el profesor Perina es terminante: en el Paraguay no hubo
un quiebre de su proceso de apertura democrática a raíz del juicio político del
entonces presidente Lugo, y a pesar de ello se lo castiga acusando al Poder
Legislativo nacional de haber planificado y ejecutado un inexistente “golpe
parlamentario”, y entre quienes encabezan esta brutal distorsión de los hechos
se encuentran nada menos que los países “bolivarianos”, autoritarios o en
camino al totalitarismo.
Estos
mismos regímenes, que hoy se erigen en acusadores e intervencionistas de los
asuntos internos paraguayos, incluso en el ámbito de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, son tolerantes con el
totalitarismo cubano y con el régimen autocrático de Daniel Ortega (Nicaragua),
nacido de un proceso de votación pestilente y violando la constitución de ese
país. Según Perina, y coincide en ello con personalidades regionales
(académicas, políticas, diplomáticas y empresariales, etc.) se trata de un
ejemplo más del doble estándar que existe en el sistema interamericano y
organismos regionales al momento de calificar, según criterios
“bolivarianizados”, la constitucionalidad y calidad democrática de las
instituciones y procesos latinoamericanos. Lo del doble estándar también puede
denominarse el síndrome de la “escopeta de dos cañones”: el que apunta a mis
amigos tiene “balines” de papel prensado, mientras que dirigido a los enemigos
descarga munición tigrera sobre el blanco… Otra amenaza más para la seguridad y
paz en la región, en un mundo en el cual predomina un auténtico y nuevo
desorden internacional.
El artículo se transcribe in extenso, más abajo, y además de
constituir una brillante defensa de la constitucionalidad y legitimidad del
juicio político destituyente, y de los democráticos orígenes del gobierno del
presidente Federico Franco, es también una dura crítica a los mecanismos
continentales y regionales de prevención y castigo de golpe de Estado. De
acuerdo con Perina, dadas la naturaleza y características institucionales de
esos instrumentos, incluyendo a la Carta
Democrática de la OEA, antes que al Estado de derecho democrático (Edd) en
realidad se protege a los presidentes en crisis y aferrados al poder a cualquier
precio.
Explica el profesor de Georgetown, que en “[…] el Paraguay se ha destituido a un miembro del club (el ‘de
mutua protección presidencial’), y varias
cancillerías han calificado la destitución constitucional parlamentaria del
presidente Lugo como golpe de Estado, y la han calificado como ilegítima y
violatoria del debido proceso y de los derechos humanos del ex presidente (¿Qué
dirían los ex presidentes Bucaram y Gutiérrez de Ecuador, o Color de Melo de
Brasil, Sánchez Lozada de Bolivia, o de la Rúa de Argentina?). También se
suspenderá al nuevo gobierno de las actividades de los organismos mencionados
[…]”.
Prosigue Perina: “[…] Pero el
problema es que la destitución no fue ni un golpe de estado ni una alteración
del orden constitucional democrático. Fue un juicio político, no penal,
resuelto por abrumadora mayoría, que respetó los preceptos de la constitución
paraguaya. Al perder su legitimidad cuando el PLRA le retiró su apoyo, Lugo
aceptó el juicio y sus reglas, envió su abogado (que hizo un descargo dramático
e inteligente por más de dos horas), reconoció su derrota política y dejó la
presidencia sin resistirse. No fue detenido ni exiliado, y usa ahora espacios
públicos para criticar libremente al nuevo gobierno. Lo substituyó su
vicepresidente, Francisco Franco. Si le hubiesen dado más tiempo, el resultado
habría sido el mismo, y probablemente se hubiese desencadenado un período de
inestabilidad política y violencia social […]”.
Esta
parte de su exposición, la concluye Perina haciendo referencia a lo que antes
denominamos el síndrome de la “escopeta de dos cañones” o del “doble estándar”,
al expresar cuanto sigue: “[…] Lo
insólito es que los gobiernos que no reconocen a las nuevas autoridades, han
venido mirando con complacencia las alteraciones que algunos gobiernos de la
región perpetran contra el orden democrático. Estos llegan al poder vía
elecciones democráticas, pero una vez en control del Estado, lo ejercen para
erosionar las instituciones, valores y prácticas democráticas consagradas en
sus propias constituciones y la CDIA (Carta Democrática Inter-Americana) […]”.
En síntesis, el profesor Perina hace
justicia al Paraguay, y su análisis es digno de atención pues durante
los dos períodos (1994-2004) en que el secretario general de la OEA fue el
colombiano César Gaviria (1990-1994), el internacionalista argentino estuvo al
frente de su Unidad de Promoción de la
Democracia. Desde esa posición, Perina colaboró muy estrecha y activamente
con Gaviria, empeñado en el perfeccionamiento institucional de defensa de la
democracia en las américas. Así surgió la CDIA, que rige plenamente en la
región, y si bien es perfectible, no contiene las atrocidades jurídicas y
políticas del “bolivariano” protocolo de Ushuaia
II (Montevideo, diciembre 2011).
Fue
este último instrumento el utilizado en Mendoza (a fines de junio) para excluir
al Paraguay del Mercosur, aunque todavía no tiene vigencia legal. En los hechos
lo que sucedió en Mendoza representó el más abierto ataque MercUnasuriano, el del “¿socialismo siglo XXI?”, al Paraguay y al
sistema interamericano.
Con
los polvos de Montevideo 2011, apadrinado por el “demócrata” José Mujica, se
llegó a los lodos “bolivarianos” de Mendoza, que en realidad no puede suspender legalmente al Paraguay del
seno del MercUnasur, y que sí consumó
la muerte del Mercosur por el
neocolonialismo intervencionista de Brasilia, Buenos Aires y Montevideo,
capitales sometidas a la neoimperialista y agresiva Caracas, respaldada por los
peones Chávez en La Paz, Managua y Quito, y al que por temor se subordinan los
inquilinos actuales de los palacios presidenciales de Nariño (Bogotá), Pizarro
(Lima) y La Moneda (Santiago).
El pensamiento de Perina, matices más, matices menos, es compartido por personalidades
regionales, entre los cuales se encuentran, por ejemplo, los ex cancilleres
Luiz Felipe Lampreia (Brasil), Didier Operti (Uruguay), ambos respetados
internacionalistas; por el mismo vicepresidente uruguayo Danilo Astori y los ex
presidentes Julio Sanguinetti y Luis Lacalle Herrera; y a quienes se suman
parlamentarios y líderes políticos de Argentina, Brasil y Uruguay. Se trata de
la continuación de la importante tradición iusinternacionalista
latinoamericana que tiene en sus filas a figuras de trascendencia mundial, de
las cuales jamás han oído hablar los Mujica y los Chávez, y las Rousseff y
Cristinas, y sus cancilleres, todos ellos intervencionistas e incluso
neoimperialistas.
Históricamente destaca para nosotros la
figura límpida del egregio intelectual y publicista que fuera Carlos Calvo (Montevideo 1824, y París 1906), reconocido
mundialmente como un destacado diplomático decimonónico, a la par que notable iusinternacionalista e historiador,
nacido en el Uruguay pero desde niño vinculado a Argentina, de la cual fuera un
gran servidor público. En Buenos Aires estudió leyes, especializándose en las
complejidades del derecho internacional público. En Europa, con sede en París,
muy pronto se distinguió como gran diplomático del Paraguay y Argentina,
jóvenes países a los que representara con singular éxito antes los gobernantes
de
Alemania, Bélgica, Francia, Gran Bretaña,
Rusia y Austria.
La
fecunda existencia de gran humanista de Calvole convirtió en uno de los
fundadores del Instituto de Derecho
Internacional Público (Gante, Bélgica:1873). Fue también miembro destacado
de la Academia de Ciencias Morales y
Políticas del “Instituto de Francia” y de la Real Academia de la Historia de España. Sus restos mortales
descansan en el cementerio de la Recoleta, Buenos Aires, y su docta y justa
doctrina internacionalista tiene todavía continuadores entre los más destacados
iusinternacionalistas, diplomáticos y
especialistas en relaciones internacionales del Río de la Plata, de las
Américas y del mundo.
Esa
es la escuela democrática, jurídica e internacionalista que le hace decir
acertadamente a Perina, al final de su artículo, que “[…] los ataques desmedidos de Venezuela y Nicaragua, en particular
(…), más el intento de aislar al Paraguay parecen más una vendetta ideológica
que una defensa de la democracia, o una venganza del chavismo para castigar al Congreso paraguayo por no
ratificar su entrada al Mercosur. Hasta Cuba retiró su embajador porque se
violó la democracia. ¡Vaya desfachatez! […]”.
Todo esto, ni más ni menos, es lo que se
decidirá
el martes en la OEA. Debemos permanecer en estado de alerta, porque,
independientemente de todos los esfuerzos realizados por la diplomacia,
autoridades y la mayoría de nuestro pueblo, en todos sus niveles sociales,
culturales y políticos, para que se conozca en el exterior lo que en verdad ha
ocurrido en el Paraguay, los “bolivarianos” afuera, y los luguistas, aquí, no
van a ceder en su conspiración antinacional y antidemocática. Si el Paraguay
triunfa, como un castillo de naipes el “bolivarianismo” y sus emanaciones
empezarán a desmoronarse en la región.
Asunción, domingo 8 de julio de 2012
Organismos regionales y el Paraguay
Escribe Rubén Perina
(Centro de Estudios Latinoamericanos de la
Universidad de
Georgetown, Washington, D.C., EUA)
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Busto del egregio diplomático
y jurista rioplatense Carlos Calvo, en el frente del Palacio de la Paz, en La
Haya (Países Bajos), centro mundial del Derecho Internacional (Foto de
Wikipedia).
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La comunidad
inter-americana de democracias ha mostrado, desde la década de los ochenta, un
firme compromiso con la defensa colectiva de la democracia a través de
instrumentos como la Carta Democrática Inter-Americana (CDIA) de la OEA, o las
cláusulas democráticas de Mercosur y Unasur. Se trata así de prevenir la
ruptura del orden democrático o restaurarlo cuando se quiebre en uno de sus
miembros, ya sea por golpe de estado militar, auto-golpe, o alteración del
“orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático” (Art. 19,
CDIA). Ahora se pretende aplicarlos al Paraguay, luego de la destitución del
presidente Lugo el pasado 22 de junio.
Estos instrumentos se activan después de un golpe o intento de, y por
eso son de tipo reactivo y restaurativo. Han sido aplicados desde 1991 en
Guatemala, Haití, Honduras, Perú y Venezuela, con condenas del golpe, misiones
de buenos oficios, sanciones diplomáticas (no reconocimiento, ruptura de
relaciones), interrupción del comercio y la cooperación, congelamiento
financiero y suspensión del organismo. También son preventivos, cuando se usan
para evitar la interrupción del orden democrático como en Paraguay, Bolivia,
Ecuador y Nicaragua.
Sin embargo, los mismos se han diseñado por y para proteger
exclusivamente a los ocupantes del poder ejecutivo. Reflejan los intereses de
esa rama del poder y por ello ésta es la única que puede pedir ayuda para la
preservación del orden democrático. Conforman así en los organismos
intergubernamentales un club de mutua protección presidencial. Pero si el
ejecutivo viola el orden constitucional democrático o sus principios, los otros
poderes no tienen recurso a esos instrumentos, a pesar de que en democracia
rige la independencia e igualdad de poderes.
En el Paraguay se ha destituido a un miembro del club (‘de mutua
protección presidencial’), y varias cancillerías han calificado la destitución
constitucional parlamentaria del presidente Lugo como golpe de estado, y la han
calificado como ilegítima y violatoria del debido proceso y de los derechos
humanos del ex presidente (Qué dirían los ex presidentes Bucaram y Gutierrez de
Ecuador o Color de Melo de Brasil, Sánchez Lozada de Bolivia, o de la Rúa de
Argentina?). También se suspenderá al nuevo gobierno de las actividades de los
organismos mencionados.
Pero el problema es que la destitución no fue ni un golpe de estado ni
una alteración del orden constitucional democrático. Fue un juicio político, no
penal, resuelto por abrumadora mayoría, que respetó los preceptos de la
constitución paraguaya. Al perder su legitimidad cuando el PLRA le retiró su
apoyo, Lugo aceptó el juicio y sus reglas, envió su abogado (que hizo un
descargo dramático e inteligente por más de dos horas), reconoció su derrota
política y dejó la presidencia sin resistirse. No fue detenido ni exiliado, y
usa ahora espacios públicos para criticar libremente al nuevo gobierno. Lo
substituyó su vicepresidente, Francisco Franco. Si le hubiesen dado más tiempo,
el resultado habría sido el mismo, y probablemente se hubiese desencadenado un
período de inestabilidad política y violencia social.
Lo insólito es que los gobiernos que no reconocen a las nuevas
autoridades, han venido mirando con complacencia las alteraciones que algunos
gobiernos de la región perpetran contra el orden democrático. Estos llegan al
poder vía elecciones democráticas, pero una vez en control del Estado, lo
ejercen para erosionar las instituciones, valores y prácticas democráticas
consagradas en sus propias constituciones y la CDIA.
La erosión del orden democrático (“golpe en cámara lenta”) la consuman
solapadamente. Se manipulan elecciones o referendos y mayorías transitorias en
el poder legislativo o en el poder judicial y electoral, para modificar las
reglas de juego y obtener superpoderes. Se destituyen o presionan a jueces no
aliados y se ignoran decisiones de las cortes o legislación contraria a sus
fines. Se socavan así la independencia de poderes, la libertad de prensa, el
estado de derecho, las elecciones libres y justas y el respeto a las minorías,
entre otros. La oposición es perseguida y tildada de conspirativa. El proceso
culmina invariablemente en hiper-presidencias que acumulan y monopolizan el
poder. Todo en nombre de la democracia “participativa,” la “inclusión social,”
el socialismo y el anti-imperialismo.
La indiferencia a tales desarrollos y los ataques desmedidos de
Venezuela y Nicaragua, en particular (véase sesión de OEA), más el intento de aislar al Paraguay parecen más
una vendetta ideológica que una defensa de la democracia, o una venganza del chavismo
para castigar al Congreso paraguayo por no ratificar su entrada al Mercosur.
Hasta Cuba retiró su embajador porque se violó la democracia. Vaya desfachatez!
Surge entonces la urgencia y necesidad de que la comunidad democrática
interamericana, a través de sus organismos regionales, se aboque a perfeccionar
los mecanismos colectivos de defensa de la democracia. En ese sentido, parece
impostergable una definición más afinada de lo que significa la “alteración del
orden democrático,” con especial atención al fenómeno de la erosión de la
democracia; y es imprescindible, para evitar su colapso en casos de crisis
institucional, incluir en los mecanismos colectivos de análisis y prevención la
voz de todos los poderes del estado involucrados en la pugna institucional, y
no sólo el poder ejecutivo, como ocurre hasta ahora. Sólo así tales organismos
podrán impulsar el diálogo necesario para la construcción de consensos que
prevengan la ruptura del orden democrático. Si no, pasarán irremediablemente a
la irrelevancia en la defensa de la democracia.
Código del artículo: AE11
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