En defensa de la
Patria paraguaya
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Santiago Cantón, hasta el 30 de
junio pasado, secretario Ejecutivo de la CIDH, quien injustificada, e inopinada
y precipitadamente, calificara de golpe de Estado al juicio político (Fuente:
Juan Manuel Herrera, agencia EFE, foto bajada de la red).
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Asunción, a lunes 2 de julio de 2010
Al Señor Servidor Público Interamericano
Dr. Santiago CANTÓN
Secretario Ejecutivo (hasta el 30 de junio)
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Washington, D.C., EUA
Señor secretario Ejecutivo:
Hasta el presente, nunca antes había dudado de la probidad e imparcialidad de las autoridades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y del supremo homenaje terreno a la Justicia como equidad, que en la inmensa mayoría de los casos han sido las actuaciones de tal institución, al igual que las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su bastión inexpugnable frente a los abusos de poder de cualquier índole, y centro mundial de jurisprudencia en materia de defensa de los derechos fundamentales del ser humano.
Es a raíz de ello que, con fecha 30 de abril pasado, por medio electrónico, y correo especializado certificado, hiciera llegar a la Comisión, estando todavía Ud. al frente de la secretaría ejecutiva, una denuncia detallada, en lo sustancial en contra de la denominada “Corte Suprema de Justicia” del Paraguay, mi país, por denegación reiterada de Justicia, en grado de violación sistemática de los derechos humanos, y ampliada hacia otros poderes del Estado, como resultado de un perverso sistema politiquero, el de nuestra “democracia de muy baja calidad”, en la que todos los poderes lo son apenas del aparato de Estado, al comportarse casi sin excepción, no como órganos de una república democrática, sino ejerciendo el despreciable rol de “poderes fácticos”.
Esto se mantuvo en los “poderes legislativo y judicial”, y se acentuó y agravó en el Ejecutivo, bajo el desgobierno absolutamente irresponsable del entonces presidente inconstitucional Fernando Lugo Méndez (su inconstitucionalidad de origen la tengo sobradamente demostrada, constitucional, política y canónicamente, y desde el punto de vista del derecho internacional, ya antes de las elecciones del 20 de abril de aquél año fatídico de 2008, y Ud. encontrará la referencia a la obra en cuestión en mi denuncia presentada ante la CIDH). A tal extremo había llegado la demencial politiquería de Lugo y de sus entornos áulicos, que aviesamente nos conducían a una guerra civil de inspiración totalitario “bolivariana”, y con abierta injerencia en nuestros asuntos internos, por parte de regímenes satélites del del dictador Hugo Chávez en la región, y con la complicidad del silencio de las “democracias” vergonzantes del área.
Ya en la “hora veinticinco”, después de una masacre que se materializó con la complicidad (al menos por omisión) de Lugo, que debía ser el inicio de otra nueva guerra fratricida entre paraguayos, esta vez alentada por los actuales poderes fácticos regionales, el deteriorado Parlamento Nacional, escuchando el clamor del pueblo paraguayo, se erigió de nuevo en Congreso de la Nación, y votó, constitucional, legal y legítimamente, el juicio político, y la destitución, de quien estaba a punto de convertirse en otro genocida más de su propio pueblo, en un presente de numerosos genocidas de tal naturaleza.
Ocurrió todo esto, cuando estaba terminando de revisar y ampliar mi denuncia originaria, para remitirla a la Comisión, lo que no hice al conocer la imprudente e injusta toma de posición de la CIDH, y sobre todo de Ud., señor secretario Ejecutivo, entonces, quien antes de cualquier investigación seria, al preopinar se constituyó en parte interesada en la crisis, condenando urbi et orbi como golpista al recientemente recuperado Congreso de la Nación paraguaya, el que después de muchas vacilaciones decidió proceder constitucionalmente, como lo hizo, evitando así peores desgracias para la República del Paraguay.
Es a raíz de las irresponsables y temerarias afirmaciones in límine, sobre los acontecimientos en mi Patria, perpetradas por Ud. y la Comisión, con declarada identificación “bolivariana” en sus términos, que ahora le comunico que he decidido suspender la presentación de mi denuncia ut supra mencionada, hasta tanto la CIDH y su secretaría Ejecutiva vuelvan a constituirse en garantía de ecuanimidad, imparcialidad, probidad, sabiduría y Justicia en lo que hace referencia a la protección de los derechos fundamentales de nosotros, los simples mortales, ciudadanos de nuestros países de tan desvaídos Estados de derecho democrático. Esto me llama sobremanera la atención, pues Ud., a lo largo de toda su trayectoria en la CIDH, se ha desempeñado como ejemplo de un servidor público continental, con énfasis en los siempre amenazados derechos fundamentales, de las personas y de los pueblos.
Sus declaraciones y el comunicado de la CIDH, además, me impidieron presentar otra denuncia por denegación de Justicia, en la misma corte suprema de la Injusticia, en este caso a raíz de una inconstitucional acción de inconstitucionalidad, prohijada por mi contraparte, en un juicio que ya lleva más de seis años, en contra de Radio Cáritas-Universidad Católica de Asunción, por despido arbitrario y antijurídico, disfraz de una persecución político-ideológica en contra de mi persona, adoptada por el entonces director, Augusto Dos Santos, un luguista-“bolivariano” de la primera hora, quien hasta hace poco estuvo al frente de una verdadera secretaría de desinformación totalitaria, con rango de ministro . En el juicio laboral, gané en primera y segunda instancias, y cuando debió iniciarse la ejecución de la sentencia, inconstitucionalmente mi adversa, con el respaldo de poderes fácticos, congeló el procedimiento, arbitrariamente, en la oficina de admisión de la “Sala Constitucional” de la corte, integrada por una magistrada inconstitucionalmente electa y que además no tuvo la delicadeza de inhibirse de oficio, pues es una muy antigua profesora de “derecho” en la UCA.
¿Debo hacerles responsables a Ud. y a la Comisión, de las consecuencias que esta suspensión de mi denuncia, y paralización de otra nueva, pudieran generarme en el sistema institucionalizado de injusticia que rige en mi Patria? En estos momentos, ni siquiera teniendo encima mío la espada de Damocles de tales riesgos, numerosos y para nada intrascendentes, y ya como disidente de la CIDH, proseguiré solitario en mi rol de acusador del “poder judicial” de mi Patria, teniendo en cuenta las “bolivarianizadas” declaraciones suyas, y resolución de la CIDH, en lo vinculado con la crítica coyuntura que está viviendo el Paraguay. Por cierto, de lo que pudiera ocurrirme, serán directos responsables el “poder judicial” paraguayo, y los funcionarios y personas, e instituciones públicas y privadas, debidamente identificadas en mi denuncia original y en su ampliación, las que ahora publicaré como libro en el Paraguay.
Colaciónense, por consiguiente, Ud. y la Comisión, y también la Secretaría General de la OEA..
Mi decisión es clara: prefiero padecer las injusticias institucionalizadas en la República del Paraguay, con todo lo que ello implica, antes que buscar protección en la CIDH, que ahora se erige en el protector del que fuera el máximo poder fáctico del Paraguay, entre 2008 y el presente, el ex mandatario inconstitucional del Paraguay, Federico Lugo Méndez, y acompañando en ello a regímenes totalitarios o prototalitarios, los que en más de una oportunidad, después de impecables investigaciones de denuncias, fueron juzgados y sancionados como tales por la Comisión, cumpliéndose para ello con todos los pasos de rigor que deben seguirse según el Pacto de San José y sus normas. En el caso de mi Patria, al menos, las dictaduras bolivarianas no son tales para la CIDH, pero sí convierten en un régimen violatorio del Estado de derecho democrático al actual gobierno constitucional de la República del Paraguay, del que por cierto no soy partidario, aunque lo apoye plenamente, desde mi postura de ciudadano e intelectual crítico.
Decidí la suspensión de mi acción iniciada ante la CIDH, y embargar otra antes de su presentación, tomando en cuenta lo siguiente:
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó este sábado (23 de junio) que el juicio político sumario del Congreso paraguayo, que destituyó al presidente Fernando Lugo, afectó el Estado de Derecho en ese país”, informó ese mismo día el matutino local La Nación, a partir de un despacho noticioso de la mundialmente conocida Agencia France Press (AFP). Entre innumerables enlaces más, en la prensa mundial, que se ocupan del caso, también se encuentra el siguiente: http://www.lanacion.com.py/articulo/77691-destitucion-de-lugo-afecta-el-estado-de-derecho-en-paraguay-segun-cidh.html. El medio paraguayo de prensa escrita, en sus versiones en papel y digital, reprodujo el texto noticioso de difusión internacional, bajo el siguiente título: “Destitución de Lugo afecta el Estado de Derecho en Paraguay, según la CIDH”.
Basándose en un comunicado de la Comisión, ente autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), y siempre siguiendo el texto de la AFP, el diario asunceño agregó que la CIDH calificaba como “inaceptable lo expedito del juicio político contra el presidente constitucional y democráticamente electo”. Destacó que para la Comisión el procedimiento “afecta la vigencia del Estado de Derecho en Paraguay”. Para peor, agravando su muy cuestionable procedimiento de sentenciar unilateralmente, y antes de cualquier elemental investigación responsable de los hechos acontecidos en el Paraguay, en una manifestación de típico corte arbitrario, y con innegable tufo totalitario “bolivariano”, la Comisión resolvió condenar como “altamente cuestionable” la imparcialidad de un juicio político tan breve. ¿Qué se podría decir de la “sentencia” express de la CIDH, condenatoria del actual gobierno constitucional del presidente Federico Lugo?
A la CIDH, y a su secretario ejecutivo Cantón, les ejemplificamos sus tan preocupantes contradicciones recordándoles aquello del refranero popular: “Tú me lo dices, ladrón de perdices”.
Es apropiada la frase, pues, ultrapasando todavía más las responsabilidades inherentes a su tan importante cargo, el secretario ejecutivo Canton (¿kirchnerista y de La Cámpora?) sobrepasó a la también imprudente declaración oficial de la Comisión, una toma de partido, en verdad, cuando concluyó sobre la crisis política e institucional en el Paraguay, que, en lo referido al juicio político, “es una parodia de la justicia y un atropello al Estado de Derecho remover a un presidente en 24 horas, sin garantías para defenderse”. Ud. y la CIDH le exigen al Congreso de la Nación paraguaya y al actual gobierno constitucional, procedimientos que Uds. no ponen en práctica, y a pesar de ello los condenan…
¿No constituyen una parodia de justicia y un atropello a los valores, filosofía, normas, procedimientos y jurisprudencia de la CIDH, su toma de partido institucional, y el ex abrupto del todavía secretario Cantón, que condenan in límine, al actual gobierno constitucional y al pueblo de la República del Paraguay, en suma a mi Patria, estigmatizándoles como ejecutores de un “atropello al Estado de Derecho”?
Esto, más que lamentable, es muy grave, pues no pueden pasar desapercibidos a la Comisión, y al secretario Cantón (ahora convertido Ud. en una pésima réplica del romano Catón para los paraguayos), los ataques inmisericordes lanzados virulentamente en contra de la CIDH por la dictaduras bolivarianas del área, a las que se pliegan las “democracias” vergonzantes de la región, en sus esfuerzos de destruir lo mejor del sistema interamericano de la OEA (al respecto una única referencia, por ahora: http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/cidh-es-garantia-de-vigencia-de-los-ddhh-411563.html), en que devino regionalmente la institucionalización del derecho internacional de los derechos humanos en su seno, gracias al Pacto de San José, precursor en su género en el mundo entero.
Tanto a los aprendices de totalitarios como a los “demócratas” vergonzantes les preocupa una CIDH imparcial e independiente, y observante fiel de sus filosofía, valores y normas legales constitutivas, a la par que a este ciudadano paraguayo le llena de estupor y rechazo la filtración neo-populista “bolivariana” que acaba de exhibir en su pronunciamiento –tomado y difundido a la velocidad de la luz– sobre los acontecimientos político-constitucionales que concluyeran con la destitución legal y legítima del entonces presidente Fernando Lugo, quien estaba conduciendo al Paraguay a una guerra civil “revolucionaria”, siguiendo órdenes del dictador venezolano Hugo Chávez.
Al concluir esta carta, que es una denuncia en contra de la CIDH, y de Ud., su principal ejecutivo, que la haré pública desde mi blog, lo hago muy preocupado al constatar la profunda y triunfante infiltración totalitario “bolivariana” en la misma Comisión, y la complicidad suya, algo que, si no es corregida de inmediato por la OEA, también tendrá muy graves y perjudiciales repercusiones para el sistema interamericano. Todo esto se vuelve para mí más lamentable, desde que conozco sus comprobados compromisos y coherencia al frente de la secretaría Ejecutiva de la CIDH. No puedo olvidar esa trayectoria y por eso mismo tampoco puedo pasar por alto el tamaño y gratuito agravio hacia mi Patria y su actual gobierno constitucional. Lamento muchísimo haber tenido que escribir esta carta, cuyo contenido, a pesar de todo, no me hará olvidar al Santiago Cantón, eficaz y cabal servidor público de los derechos humanos en las Américas.
José Luis Simón G.
Ciudadano Paraguayo y orgulloso de serlo
Cédula de Identidad 369940
CC. Señor Servidor Público Interamericano
Dr. José Miguel INSULZA
Secretario General
OEA (Misión “in loco” en Paraguay)
Hotel La Misión
Ciudad
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Secretario Ejecutivo (hasta el 30 de junio)
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Washington, D.C., EUA
Señor secretario Ejecutivo:
Hasta el presente, nunca antes había dudado de la probidad e imparcialidad de las autoridades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y del supremo homenaje terreno a la Justicia como equidad, que en la inmensa mayoría de los casos han sido las actuaciones de tal institución, al igual que las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su bastión inexpugnable frente a los abusos de poder de cualquier índole, y centro mundial de jurisprudencia en materia de defensa de los derechos fundamentales del ser humano.
Es a raíz de ello que, con fecha 30 de abril pasado, por medio electrónico, y correo especializado certificado, hiciera llegar a la Comisión, estando todavía Ud. al frente de la secretaría ejecutiva, una denuncia detallada, en lo sustancial en contra de la denominada “Corte Suprema de Justicia” del Paraguay, mi país, por denegación reiterada de Justicia, en grado de violación sistemática de los derechos humanos, y ampliada hacia otros poderes del Estado, como resultado de un perverso sistema politiquero, el de nuestra “democracia de muy baja calidad”, en la que todos los poderes lo son apenas del aparato de Estado, al comportarse casi sin excepción, no como órganos de una república democrática, sino ejerciendo el despreciable rol de “poderes fácticos”.
Esto se mantuvo en los “poderes legislativo y judicial”, y se acentuó y agravó en el Ejecutivo, bajo el desgobierno absolutamente irresponsable del entonces presidente inconstitucional Fernando Lugo Méndez (su inconstitucionalidad de origen la tengo sobradamente demostrada, constitucional, política y canónicamente, y desde el punto de vista del derecho internacional, ya antes de las elecciones del 20 de abril de aquél año fatídico de 2008, y Ud. encontrará la referencia a la obra en cuestión en mi denuncia presentada ante la CIDH). A tal extremo había llegado la demencial politiquería de Lugo y de sus entornos áulicos, que aviesamente nos conducían a una guerra civil de inspiración totalitario “bolivariana”, y con abierta injerencia en nuestros asuntos internos, por parte de regímenes satélites del del dictador Hugo Chávez en la región, y con la complicidad del silencio de las “democracias” vergonzantes del área.
Ya en la “hora veinticinco”, después de una masacre que se materializó con la complicidad (al menos por omisión) de Lugo, que debía ser el inicio de otra nueva guerra fratricida entre paraguayos, esta vez alentada por los actuales poderes fácticos regionales, el deteriorado Parlamento Nacional, escuchando el clamor del pueblo paraguayo, se erigió de nuevo en Congreso de la Nación, y votó, constitucional, legal y legítimamente, el juicio político, y la destitución, de quien estaba a punto de convertirse en otro genocida más de su propio pueblo, en un presente de numerosos genocidas de tal naturaleza.
Ocurrió todo esto, cuando estaba terminando de revisar y ampliar mi denuncia originaria, para remitirla a la Comisión, lo que no hice al conocer la imprudente e injusta toma de posición de la CIDH, y sobre todo de Ud., señor secretario Ejecutivo, entonces, quien antes de cualquier investigación seria, al preopinar se constituyó en parte interesada en la crisis, condenando urbi et orbi como golpista al recientemente recuperado Congreso de la Nación paraguaya, el que después de muchas vacilaciones decidió proceder constitucionalmente, como lo hizo, evitando así peores desgracias para la República del Paraguay.
Es a raíz de las irresponsables y temerarias afirmaciones in límine, sobre los acontecimientos en mi Patria, perpetradas por Ud. y la Comisión, con declarada identificación “bolivariana” en sus términos, que ahora le comunico que he decidido suspender la presentación de mi denuncia ut supra mencionada, hasta tanto la CIDH y su secretaría Ejecutiva vuelvan a constituirse en garantía de ecuanimidad, imparcialidad, probidad, sabiduría y Justicia en lo que hace referencia a la protección de los derechos fundamentales de nosotros, los simples mortales, ciudadanos de nuestros países de tan desvaídos Estados de derecho democrático. Esto me llama sobremanera la atención, pues Ud., a lo largo de toda su trayectoria en la CIDH, se ha desempeñado como ejemplo de un servidor público continental, con énfasis en los siempre amenazados derechos fundamentales, de las personas y de los pueblos.
Sus declaraciones y el comunicado de la CIDH, además, me impidieron presentar otra denuncia por denegación de Justicia, en la misma corte suprema de la Injusticia, en este caso a raíz de una inconstitucional acción de inconstitucionalidad, prohijada por mi contraparte, en un juicio que ya lleva más de seis años, en contra de Radio Cáritas-Universidad Católica de Asunción, por despido arbitrario y antijurídico, disfraz de una persecución político-ideológica en contra de mi persona, adoptada por el entonces director, Augusto Dos Santos, un luguista-“bolivariano” de la primera hora, quien hasta hace poco estuvo al frente de una verdadera secretaría de desinformación totalitaria, con rango de ministro . En el juicio laboral, gané en primera y segunda instancias, y cuando debió iniciarse la ejecución de la sentencia, inconstitucionalmente mi adversa, con el respaldo de poderes fácticos, congeló el procedimiento, arbitrariamente, en la oficina de admisión de la “Sala Constitucional” de la corte, integrada por una magistrada inconstitucionalmente electa y que además no tuvo la delicadeza de inhibirse de oficio, pues es una muy antigua profesora de “derecho” en la UCA.
¿Debo hacerles responsables a Ud. y a la Comisión, de las consecuencias que esta suspensión de mi denuncia, y paralización de otra nueva, pudieran generarme en el sistema institucionalizado de injusticia que rige en mi Patria? En estos momentos, ni siquiera teniendo encima mío la espada de Damocles de tales riesgos, numerosos y para nada intrascendentes, y ya como disidente de la CIDH, proseguiré solitario en mi rol de acusador del “poder judicial” de mi Patria, teniendo en cuenta las “bolivarianizadas” declaraciones suyas, y resolución de la CIDH, en lo vinculado con la crítica coyuntura que está viviendo el Paraguay. Por cierto, de lo que pudiera ocurrirme, serán directos responsables el “poder judicial” paraguayo, y los funcionarios y personas, e instituciones públicas y privadas, debidamente identificadas en mi denuncia original y en su ampliación, las que ahora publicaré como libro en el Paraguay.
Colaciónense, por consiguiente, Ud. y la Comisión, y también la Secretaría General de la OEA..
Mi decisión es clara: prefiero padecer las injusticias institucionalizadas en la República del Paraguay, con todo lo que ello implica, antes que buscar protección en la CIDH, que ahora se erige en el protector del que fuera el máximo poder fáctico del Paraguay, entre 2008 y el presente, el ex mandatario inconstitucional del Paraguay, Federico Lugo Méndez, y acompañando en ello a regímenes totalitarios o prototalitarios, los que en más de una oportunidad, después de impecables investigaciones de denuncias, fueron juzgados y sancionados como tales por la Comisión, cumpliéndose para ello con todos los pasos de rigor que deben seguirse según el Pacto de San José y sus normas. En el caso de mi Patria, al menos, las dictaduras bolivarianas no son tales para la CIDH, pero sí convierten en un régimen violatorio del Estado de derecho democrático al actual gobierno constitucional de la República del Paraguay, del que por cierto no soy partidario, aunque lo apoye plenamente, desde mi postura de ciudadano e intelectual crítico.
Decidí la suspensión de mi acción iniciada ante la CIDH, y embargar otra antes de su presentación, tomando en cuenta lo siguiente:
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó este sábado (23 de junio) que el juicio político sumario del Congreso paraguayo, que destituyó al presidente Fernando Lugo, afectó el Estado de Derecho en ese país”, informó ese mismo día el matutino local La Nación, a partir de un despacho noticioso de la mundialmente conocida Agencia France Press (AFP). Entre innumerables enlaces más, en la prensa mundial, que se ocupan del caso, también se encuentra el siguiente: http://www.lanacion.com.py/articulo/77691-destitucion-de-lugo-afecta-el-estado-de-derecho-en-paraguay-segun-cidh.html. El medio paraguayo de prensa escrita, en sus versiones en papel y digital, reprodujo el texto noticioso de difusión internacional, bajo el siguiente título: “Destitución de Lugo afecta el Estado de Derecho en Paraguay, según la CIDH”.
Basándose en un comunicado de la Comisión, ente autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), y siempre siguiendo el texto de la AFP, el diario asunceño agregó que la CIDH calificaba como “inaceptable lo expedito del juicio político contra el presidente constitucional y democráticamente electo”. Destacó que para la Comisión el procedimiento “afecta la vigencia del Estado de Derecho en Paraguay”. Para peor, agravando su muy cuestionable procedimiento de sentenciar unilateralmente, y antes de cualquier elemental investigación responsable de los hechos acontecidos en el Paraguay, en una manifestación de típico corte arbitrario, y con innegable tufo totalitario “bolivariano”, la Comisión resolvió condenar como “altamente cuestionable” la imparcialidad de un juicio político tan breve. ¿Qué se podría decir de la “sentencia” express de la CIDH, condenatoria del actual gobierno constitucional del presidente Federico Lugo?
A la CIDH, y a su secretario ejecutivo Cantón, les ejemplificamos sus tan preocupantes contradicciones recordándoles aquello del refranero popular: “Tú me lo dices, ladrón de perdices”.
Es apropiada la frase, pues, ultrapasando todavía más las responsabilidades inherentes a su tan importante cargo, el secretario ejecutivo Canton (¿kirchnerista y de La Cámpora?) sobrepasó a la también imprudente declaración oficial de la Comisión, una toma de partido, en verdad, cuando concluyó sobre la crisis política e institucional en el Paraguay, que, en lo referido al juicio político, “es una parodia de la justicia y un atropello al Estado de Derecho remover a un presidente en 24 horas, sin garantías para defenderse”. Ud. y la CIDH le exigen al Congreso de la Nación paraguaya y al actual gobierno constitucional, procedimientos que Uds. no ponen en práctica, y a pesar de ello los condenan…
¿No constituyen una parodia de justicia y un atropello a los valores, filosofía, normas, procedimientos y jurisprudencia de la CIDH, su toma de partido institucional, y el ex abrupto del todavía secretario Cantón, que condenan in límine, al actual gobierno constitucional y al pueblo de la República del Paraguay, en suma a mi Patria, estigmatizándoles como ejecutores de un “atropello al Estado de Derecho”?
Esto, más que lamentable, es muy grave, pues no pueden pasar desapercibidos a la Comisión, y al secretario Cantón (ahora convertido Ud. en una pésima réplica del romano Catón para los paraguayos), los ataques inmisericordes lanzados virulentamente en contra de la CIDH por la dictaduras bolivarianas del área, a las que se pliegan las “democracias” vergonzantes de la región, en sus esfuerzos de destruir lo mejor del sistema interamericano de la OEA (al respecto una única referencia, por ahora: http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/cidh-es-garantia-de-vigencia-de-los-ddhh-411563.html), en que devino regionalmente la institucionalización del derecho internacional de los derechos humanos en su seno, gracias al Pacto de San José, precursor en su género en el mundo entero.
Tanto a los aprendices de totalitarios como a los “demócratas” vergonzantes les preocupa una CIDH imparcial e independiente, y observante fiel de sus filosofía, valores y normas legales constitutivas, a la par que a este ciudadano paraguayo le llena de estupor y rechazo la filtración neo-populista “bolivariana” que acaba de exhibir en su pronunciamiento –tomado y difundido a la velocidad de la luz– sobre los acontecimientos político-constitucionales que concluyeran con la destitución legal y legítima del entonces presidente Fernando Lugo, quien estaba conduciendo al Paraguay a una guerra civil “revolucionaria”, siguiendo órdenes del dictador venezolano Hugo Chávez.
Al concluir esta carta, que es una denuncia en contra de la CIDH, y de Ud., su principal ejecutivo, que la haré pública desde mi blog, lo hago muy preocupado al constatar la profunda y triunfante infiltración totalitario “bolivariana” en la misma Comisión, y la complicidad suya, algo que, si no es corregida de inmediato por la OEA, también tendrá muy graves y perjudiciales repercusiones para el sistema interamericano. Todo esto se vuelve para mí más lamentable, desde que conozco sus comprobados compromisos y coherencia al frente de la secretaría Ejecutiva de la CIDH. No puedo olvidar esa trayectoria y por eso mismo tampoco puedo pasar por alto el tamaño y gratuito agravio hacia mi Patria y su actual gobierno constitucional. Lamento muchísimo haber tenido que escribir esta carta, cuyo contenido, a pesar de todo, no me hará olvidar al Santiago Cantón, eficaz y cabal servidor público de los derechos humanos en las Américas.
José Luis Simón G.
Ciudadano Paraguayo y orgulloso de serlo
Cédula de Identidad 369940
CC. Señor Servidor Público Interamericano
Dr. José Miguel INSULZA
Secretario General
OEA (Misión “in loco” en Paraguay)
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