Escribe José Luis Simón
G.
 |
| Entre sesiones gastronómicas de elevado costo, y del más descarado consumismo de “delikatessen”, todo acompañado de escándalos semanales, transcurre el lamentable desempeño legislativo, “fiscalizador· del Ejecutivo, administrativo y político, no politiquero, del que debería ser el Poder Legislativo o Congreso de la Nación. Este terrorismo institucional, el de los poderes fácticos del Estado, es tan peligroso como el narcoterrorismo de la banda del autodenominado Epp, pero con el agravante de que surge del mismo seno del “parlamento” que debería ser la auténtica representación legal y legítima de la ciudadanía toda, pues en teoría es el más representativo órgano del Edd (© Foto de Archivo de abc color). |
Una
prueba del tan peligroso comportamiento corporativo, patrimonialista inmoral e
inconstitucional del “parlamento”, es su enésimo escándalo, que acaba de
hacerse público. Se trata de la divulgación de multimillonarios contratos con
dos de las empresas de medicina privada prepaga más costosas del país, para
beneficio de 80 senadores y diputados, y de poco más de un millar de
funcionarios nombrados del “congreso”, extensivos tan lujosos privilegios a los
familiares de todos ellos. El hecho sepultó en el olvido la crisis de los
contratos laborales viciados de nepotismo en el “poder legislativo”. Hoy ya no
es noticia en los medios, como tampoco son los pedidos de desafuero de
legisladores, de variados colores e ideologías, imputados por supuestamente
haber perpetrado hechos punibles contra el patrimonio del fisco. Eso derivó en la
purga politiquera de los fiscales que habían “osado” investigar a los
“legisladores”.
La nueva mancha de esta legislatura se conoció el 7 de
abril, cuando un notable “constitucionalista”, Alfredo Mongelós, director de la
Unidad Operativa de Contratación del “congreso”, tratando de justificar el
multimillonario dispendio en favor de la corporación “parlamentaria”, de la que
el funcionario es parte, explicó la nueva “doctrina social”, según la cual, por
el solo hecho de ser “legisladores”, ellos tienen un “status social diferente y
(¡oh novedad!, porque) forman parte de un poder del Estado”. Ergo, por derecho de
casta los “parlamentarios” no deben rebajarse, y concurrir como el pueblo a los
institutos oficiales para la salud pública. Y tampoco tienen que correr con sus
gastos en la medicina empresarial privada.
(Datos
tomados de: http://www.abc.com.py/nacionales/los-parlamentarios-tienen-un-status-diferente-1232697.html).
Para
80 diputados y 1100 funcionarios permanentes del “congreso”, privilegiados con
sus familias, fueron contratados los servicios de la firma “Asismed San Roque”,
del muy elitista grupo “La Costa”, a un precio global de 10.797.064.000
millones de guaraníes (1 U$S equivale a 4.500 Gs.) por este año. Amén de ello,
y mientras casi la totalidad del gasto social de este desgobierno ha sido
reducido a su mínima expresión, lo que ha quedado, los diputados y sus
funcionarios también se beneficiarán con los servicios de “Odontología Tres S.A”,
por un monto de 1.861.008.000 guaraníes.
“El
Senado, por su parte, firmó contrato con el Centro Médico Santa Clara, por un
monto de 6.959.700.000 guaraníes. Así se alcanza una suma global de casi
G.18.000 millones en seguro médico privado para los legisladores y los
funcionarios permanentes. Mongelós indicó que la adjudicación ya se hizo el 22
de noviembre del año pasado”, y a la prensa todavía no se le ocurrió investigar
el proceso licitatorio. En los pasillos del “congreso” desde días corre la
especie de que algunas autoridades, en lo público y privado, se habían
beneficiado con jugosas comisiones: es otro ejemplo del campante sistema de corrupción
pública-privada.
Mongelós,
para más, “aseguró que el monto pagado por el Congreso es inferior a los
pagados en Hacienda, Itaipú, Yacyretá y otros entes” públicos centralizados y
descentralizados.
Según
“abc color”, a “este seguro VIP para los legisladores, se suman otros
beneficios, como cupos de combustibles por G. 5.000.000 (por mes y “parlamentarios”)
y millonarios gastos por alimentos en el
Congreso.
Para
este 2014 solo en la Cámara Baja adjudicaron fondos para servicios gastronómicos
por importe de G. 2.540 millones”.
Una
vez más el “congreso de los parlamentarios politiqueros” viola autoritariamente
importantes normas de la Carta Magna, por ejemplo los siguientes artículos
constitucionales:
“[…]
reconociendo la dignidad humana con el fin de asegurar la libertad, la IGUALDAD
y la justicia […]”. (Préambulo).
“La
República del Paraguay es para siempre libre e independiente. Se constituye en
Estado social de derecho […]. (Art. 1).
“La
calidad de vida será promovida por el Estado mediante planes y políticas que
que reconozcan factores condicionantes, tales como la extrema pobreza y los
impedimentos de la discapacidad o de la edad”. (Art. 6).
Y
todo el Capítulo III, “De la igualdad” (arts. 46-48), del Título II: “De los
derechos, de los deberes y de las garantías”, de la Parte I: “De las
declaraciones fundamentales, de los derechos, de los deberes y de las garantías”.
Más
temprano que tarde la rebeldía cívica pacífica se convertirá en el instrumento
político al que deberá recurrir la ciudadanía democrática, sin distinciones
partidarias, ni de ninguna otra naturaleza, para que “ñandé, el ‘people’”
impidamos que se sigan consumando oprobiosas y en grado sumo denigrantes
manifestaciones de lo que puede considerarse, sin ninguna exageración, actos de
esta naturaleza de “terrorismo parlamentario”, emanado de un “congreso” que ya
hace mucho tiempo cortó cualquier amarra con la nación paraguaya, derogando
así, de manera totalitaria, el contrato social básico y fundamental (la carta
magna) de toda sociedad que pretenda erigirse en Estado de derecho democrático,
propio de una sociedad abierta.
JLSG
Asunción, a martes 22 de
abril de 2014
0 comentarios:
Publicar un comentario