Escribe José Luis Simón
G.
Imponente
sede del “Poder Judicial” de la República Argentina en BuenosAires. Con las
excepciones que no hacen sino confirmar la regla, es también como en el Paraguay
la sede de un poder fáctico del aparato de Estado. Cuando los jueces no dicen la
Justicia, y se quedan apenas en las leyes y el derecho, se convierten en cómplices
de la injusticia institucionalizada.
El fallo claudicatorio ante el poder
politiquero fáctico de la Casa Rosada, servido en la bandeja del oropel de la
obsecuencia medrosa, por Cortesanos Supremos del máximo tribunal argentino de
siete miembros, el martes 29 de octubre, en la parte sustancial o de fondo, divididos
apenas por mayoría de un voto (cuatro magistrados contra tres), constituye un
triunfo pírrico para la bipolar CFK, ahora deprimida narcisistamente por el
fracaso que sabía inevitable (en la renovación parcial del Congreso, en las
últimas “elecciones)” del agonizante kirchnerismo (mezcla histórica abyecta de
neo peronismo, su sustancia, con el neo totalitarismo castro-chavista de
opresión mediático-carismática, tan sanguinario y depredador como los
originales comunistas y nacionalsocialistas), y a la vez se presenta como una
amenaza para el futuro de quienes en América Latina y el Caribe aspiramos al
único pacto jurídico-político y social, civilizado y viable históricamente,
para regir la convivencia institucional y pacífica en sociedades complejas, plenas
de contradicciones y carencias, sin duda alguna, pero antagonizadas en extremo
y artificialmente por los gerifaltes e ideólogos de la lucha de clases,
estimulada por la ensoberbecida plutocracia estatalista y seudo revolucionaria,
los caviar-nícolas del “socialismo siglo XXI”.
El fallo
“jurisdiccional” legaliza y legitima, a un elevado costo en Argentina y el
exterior, a la neo totalitaria ley kirchnerista y castro-chavista de medios
audiovisuales (2009), que supuestamente pretende acabar con monopolios y
oligopolios, de en extremo influyentes conglomerados mediáticos, los más
importantes de los cuales constituyen, por ahora, todavía, la única “oposición” en otro país del área en el que
la politiquería partidocrática también dejó al sistema político sin la
alternativa de verdaderas fuerzas democráticas y opositoras, partidarias como
debe ser, pues sin política, y ello requiere de verdaderos partidos, no hay
civismo republicano.
Lógicamente, el fallo cortesano no podía ser tan
evidente en su abyección. Por ello, en un burdo intento de juego “salomónico”
de cintura o de muñeca, vaya uno a saber, la deplorable sumisión al Ejecutivo
nacional, presidida por el doctor Ricardo Luis Lorenzetti, el “lord” mayor de
la obsecuencia de tan desvaída jurisdiccionalidad, retóricamente concedió
también en su sentencia, lo que puede calificarse como un guiño de tuerto, es
decir, igual a nada, al “advertir” al régimen con la inocua metáfora de que
“deben existir políticas transparentes en los subsidios y la publicidad
oficial” puesto “que los medios públicos no deben ser meros instrumentos de
apoyo a una política de gobierno o una vía para eliminar voces disidentes”. En
su versión digital el matutino “La Nación”, que nunca coqueteó con el
kirchnerismo, desde su arribo a la Casa Rosada en 2003, puso en excesivo
resalto esta parte anecdótica del fallo, que más parece una “profecía de
autocumplimiento” (Weber), de parte del periódico de los Mitre, el más antiguo
de la Argentina desde la desaparición de “La Prensa”, y uno de los primeros de
la era republicana en la región. “La Nación” completaba su análisis de la
preocupante coyuntura destacando también que este “triunfo” fue celebrado en la
Plaza (que algunas veces, en su historia, fuera) del Congreso de la Nación: es
que carente de ciudadanía pululaban las masas de profesionales de las anarquía
y violencia callejeras, las de los asalariados por el oficialismo, que expropiara,
entre otros, para tales fines, lo que alguna vez fue el Tesoro Público
argentino, apenas 48 hs. después del severo revés padecido en las urnas
electorales por CFK, el domingo 27 de octubre, que le impide continuar soñando
obsesivamente con su reelección, lo que de haberse posibilitado habría sido una
maldición más para la República Argentina.
Esta ni siquiera se encuentra en terapia
intensiva y sí a diario puesta en pruebas inenarrables de corrosión y
abatimiento, desde hace ya largo tiempo, por la debilidad de muy endebles
instituciones republicanas, la anemia de su civismo, la ausencia de liderazgos
de auténticos servidores públicos democráticos y la cultura del oportunismo
masivo, una nueva versión del “carpe diem” de los romanos, la de las masas de
los desposeídos profesionales, que se contentan con las migajas que, despreciadas
en las suntuosas mesas de los “revolucionarios”, caen al suelo, para que el
detrito de los militantes a sueldo de las miserabilidades humanas se lo
disputen a roedores y competidores, entre estos los ortópteros nocturnos, las también
repugnantes cucarachas, pero que, como las ratas, al menos cumplen una función
en la riqueza en extinción de la biodiversidad, contaminándola y hoy también en
peligroso desequilibrio, por obra de cuanto cultor de becerros de oro, materiales
o político-ideológicos existen, y de variados fundamentalismos y terrorismos,
religiosos y del crimen organizado y transnacionalizado.
LEY OPRESIVA Y LÍMITES INJUSTOS
A PRENSA “PODER FÁCTICO”
Sin
olvidar que en sus casi 70 años de vida “Clarín” jamás fue un modelo de prensa
imparcial e independiente, como es la costumbre predominante incluso en denominado
cuarto poder mundial, no se puede desconocer que el “remedio” del régimen de
CFK para el flagelo de la prensa poder fáctico es peor que la enfermedad. Tiene
razón “Clarín”, cuando en su declaración oficial, a raíz del fallo, tan
cuestionable en lo jurídico como cívicamente cobarde, denuncia cuanto sigue:
“La prueba más concreta de la verdadera intención del
Gobierno con esta ley, ha sido la enorme colonización oficial de medios
producida desde su sanción […]. Hoy más del 80% de los medios audiovisuales
responden directa o indirectamente al oficialismo. La ley busca medios que no
sean autosustentables sino que dependan de la publicidad oficial o de negocios
vinculados con el Estado. De allí que desde 2009 se haya producido el cambio de
manos de numerosos medios y el sojuzgamiento de tantos otros con recursos
públicos. El Grupo Clarín lamenta el contenido de un fallo que no considera el
valor de la independencia periodística como presupuesto para la libertad de
expresión. Y de ese modo, condiciona seriamente la posibilidad real de ejercer
la crítica al poder político, supuesto indispensable de la democracia […]”.
En
el largo párrafo y otros, y sin justificar el adefesio de la normativa hoy
“constitucionalizada”, se lee con transparencia el verdadero ego oligopólico
del Grupo Clarín, pues el escriba de turno, más que criticar la política neo
totalitaria de medios del kirchnerismo (que también incluye el recurso
preferencial a sistemáticas persecuciones, amenazas, agresiones, y a la guerra
sicológica y mediática declarada y ejecutada en perjuicio de periodistas e intelectuales críticos) opta
casi por identificar la sostenibilidad económica de las libertades de
pensamiento y de su expresión con el modelo del conglomerado oligopólico, como
si esta fuese la única alternativa, siendo en realidad la parte visible de la
justificación, conque el oficialismo argentino pretende ocultar su verdadera
vocación neo totalitaria, en este caso en particular.
El manifiesto de “Clarín”, dada la historia del medio,
no es contundente en su argumentación de las fundamentales garantías y derechos
democráticos que son las libertades de pensamiento y de su expresión: “[…] Al
silenciar, sin justificación técnica ni competitiva alguna, medios que hoy
ejercen periodismo crítico, configuran una clara afectación a la libertad de
expresión […]. El Grupo Clarín lamenta el contenido de un fallo que no
considera el valor de la independencia periodística […]”. En su endeble
fundamentación hasta el “bussinnes” es más importante que los valores
fundamentales de una sociedad abierta: “[…] Tanto la ley como el fallo, al
desconocer licencias (de emisoras de radio y televisión y operadores de
televisión de pago) vigentes con varios años por delante, violentan
abiertamente los derechos adquiridos, como también lo reconocieron tres miembros
de la Corte […]”. ¡Deplorable defensa instrumental de quienes convirtieran, a
las insustituibles empresas periodísticas de competencia libre, en meros
instrumentos de acumulación de riquezas, tanto con sus silencios cómplices como
con sus denuncias y críticas!
Sin
duda son preocupantes para los legítimos propietarios del Grupo Clarín los
daños colaterales económicos, derivados del fallo, al punto de haberse
registrado de inmediato la brusca caída registrada de las acciones de la empresa
en las bolsas de Londres, Buenos Aires y otras capitales del mundo financiero
internacional. Se trata de otro dudoso obsequio de la patotita kirchnerista
cortesana, la del novísimo “jurista K”, Lorenzetti, docto apenas reconocido
pero apenas en leyes, y temeroso hasta los tuétanos en el decir la Justicia,
corriendo los riesgos que fueren, que esa es la verdadera ética del verdadero
magistrado judicial, que para ello está investido de poderes jurisdiccionales.
LA “INTERNA” ENTRE LAS EMPRESAS PERIODÍSTICAS
“[…]
‘Clarín debe desinvertir ya’ ”, tituló casi como festejando el diario ‘Ámbito
Financiero’, que fue fundado por un fallecido periodista, Julio Ramos, (el) que
en los 80 y 90 se opuso casi en solitario a ‘Clarín’ por lo que él consideraba
el presunto monopolio que el grupo ejercía sobre la fabricación y distribución
del papel para la prensa. ‘Julio Ramos, el incansable luchador contra los
monopolios de prensa’, destacó ‘Ámbito Financiero’, cuyo fundador
defendía al neoliberalismo, pero que ahora es un diario acusado de mantener sus
posiciones a veces condescendientes con el kirchnerismo […]”: el párrafo
entrecomillado lo escribió Alejandro Rebossio, uno de los corresponales de “El
País” matritense en Buenos Aires, una fuente principal de informaciones
recogidas para este breve análisis de la
actual coyuntura argentina, por ejemplo: http://internacional.elpais.com/internacional/2013/10/30/actualidad/1383100940_978130.html.
La
toma de posición de “Ámbito Financiero” es lamentable, pues está teñida del
rencor de la desleal competencia que había padecido de parte del Grupo Clarín
en cuanto a la vital provisión del papel, lo que padeciera también el
importante periódico “Perfil”, entre muchos más, y olvida que cuando la llama
sagrada de las libertades-garantías-derecho de pensamiento libre y prensa
corren peligro, y nada menos que en la máxima sede judicial de una República
devenida en republiqueta, el siguiente objetivo a destruir por los totalitarios
de todos los tiempos es la democracia del Estado de derecho,
¡El mal cívico de la
República Argentina es tan grave que, hasta la crítica a los negocios
monopólicos de una de las épocas del poder absoluto de “Clarín”, se argumenta
desde la mera racionalidad de la ganancia como fin en sí mismo, cuando que el
lucro legítimamente obtenido, no es más que el instrumento financiero y la
condición material para asegurar la imparcialidad, independencia, pluralidad y
profesionalismo del medio en cuestión, que trabaja con una materia prima sin
propietario, los hechos y procesos de la realidad, a objeto de convertirlos en
noticias, comentarios, análisis y propuestas que contribuyan a la olvidada
formación del criterio ciudadano, en ejercicio de las libertades y valores
fundamentales de pensamiento y de su expresión!
Esto
todo es muy significativo pues, en su peor expresión, evidencia que el
empresariado argentino, en gran parte corporatista, es decir, surgido de la “patria
contratista”, desarrollada a lo largo de más del último medio siglo, la de los
contratos ventajosos y leoninos con el Estado, el que generalmente termina socializando
las deudas y quiebras de las “empresas privadas”, protegidas politiqueramente,
en las últimas décadas se volcó al poder fáctico mediático, sin más propósito
que el de medrar a como diera lugar con la importante fuerza negociable de
mercado, de los medios, al convertirse en instrumentos de propaganda,
desinformación o en verdaderas armas de las políticas de poder, cada vez de
mayor importancia en la política vaciada del civismo del bien público, a raíz
de su deterioro tan preocupante, y como resultas de la politiquería partidocrática
y corporatista.
Un ejemplo de ello es
Francisco de Narváez, el “empresario” primero menemista, después kirchnerista,
y ahora diputado peronista opositor al “cristinismo” y a su instrumento de
ablandamiento primero, el grupo áulico familiar de la “Cámpora”, integrado por
aprendices de las SS del castro-chavismo ideológicamente dominante, todavía, en
la Argentina de hoy y en importantes países del área. De Narváez es propietario
de “El Diario Comercial”, un medio de prensa no al servicio de la comunicación
sino de los intereses de su dueño, para el cual favorece a CFK y los suyos la
crisis desatada por la ley kirchnerista de medios audiovisuales, y estallada
con el fallo favorable para la normativa inconstitucional por Lorenzetti y su
cáfila de integrantes del serrallo del poder. Para De Narváez, aun así, todo se
reduce a que Clarín y los demás grupos de medios afectados por la ley neo
totalitaria reclamen la correspondiente indemnización al dar cumplimiento a la
ley. ¡Como si se tratara apenas de una cuestión de montos dinerarios!
¿LIBERTADES, DDHH,
JUSTICIA Y GOBERNANZA DEMOCRÁTICAS?
El
pacto del que se habla en el párrafo inicial de este ensayo, es el del Estado
de derecho democrático, Edd (Stuart Mill y Bobbio), propio de la sociedad abierta
(Popper), y entre sus “conditio sine qua non” tiene el de la vigencia real y perfectible
de las instituciones y valores, por ejemplo la Justicia (no apenas del derecho,
de la ley, en fin del reduccionismo positivista que prioriza a la norma jurídica
como valor sustancial, abstracto y sometido al poder del oprobio, el disfrazado
de legal y legítimo) y las libertades de pensamiento y de su expresión,
normativamente aseguradas por ese avance portentoso de la segunda mitad del siglo
pasado que es el Derecho internacional de los DDHH, el cual tiene un pilar
sustantivo en los derechos “a” y “de” la información, sutil diferencia
normativa esta, en la que muy pocos especialistas reparan, pero de gran
importancia cuando se trata del ejercicio de la ciudadanía, y de las libertades
de pensamiento y de prensa, y de la comunicación sin vallas, organizadas tales
actividades primordiales (hoy, en la época de la telemática) como empresas
multimedia, que no deben aspirar a los juegos perversos del poder politiquero,
y sí mantenerse fieles a sus orígenes de contrapoder, uno de los inmensos
aportes de la filosofía política de la ilustración.
Esta, para Kant,
significa el salto de la minoridad del ser humano a su mayoría de edad, la del
criterio público ciudadano, con base en el libre albedrío responsablemente utilizado,
que se emplea en las etapas de los debates plurales y argumentados sabiamente
(la ciencia es insuficiente para ello), de los que deben participar todos los
grupos y sectores de la sociedad de que se trate, incluyendo a los menos
favorecidos, pero entre los que aceptan las reglas de juego del apenas “menos
malo” de los procedimientos para elegir responsablemente a mandatarios
temporales de los poderes del Estado (Churchill), entre ellos a quienes deben
elaborar y hacer cumplir jurisdiccionalmente las leyes, con sus deberes y
derechos, y a los responsables de ejecutar las buenas políticas públicas, la
“virtud” de la gobernanza, y que tiene el enorme valor (generalmente olvidado)
de ser promotora pacífica, institucional e incremental de cambios de época históricos,
sin profusión de sangre, violencia y destrucción (Popper, una vez más).
Lo
contrario son las catástrofes de las ingenierías históricas, generadas por las
ideologías de la violencia sistémica (las de la lucha de clases y de la raza
superior), hoy ya obsoletas ante la aparición de los terrorismos
fundamentalistas y del crimen organizado y transnacionalizado, no pocas veces
aliados, en todo y en partes, y que en muchos casos todavía se disfrazan con
los harapos y lo obsoleto histórico de las ideologías “revolucionarias”, las
totalitarias comunistas y nacionalsocialistas, en cualquiera de sus variantes y
de sus recurrentes emergencias, propiciadas por las crisis de Estado, que no
hacen sino expresar la más profunda, la de la sociedad antagónicamente
enfrentada en sí misma.
La
incremental perfectibilidad del Edd, que siempre se construye paso a paso (con “la
pregunta fácil y la respuesta difícil”, y mucho más, nos recuerda Bobbio),
ladrillo a ladrillo, con “sangre, sudor y lágrimas” (de nuevo Churchill), como
alternativa real a modelos históricos opresivos, económica y políticamente, que
son el resultado de tantos genocidas intentos totalitarios de realizar el disciplinamiento
de la historia a su ingeniería ideológica, con el resultado de centenares de
millones de muertos en la contabilidad sanguinaria de la “banalidad del mal”
(Arendt), que no son mera estadística, aquellos, ni tan solo retórica efectista
esta, conceptualización exacta de uno de los males de la humanidad, que como
tal hizo su aparición recién en el siglo XX.
En
el caso del Paraguay, la crisis de la Justicia es de lejos de mayor entidad que
en Argentina y países vecinos, pues hasta la conciencia jurídica ha
desaparecido como fuerza ética reguladora de la actividad los operadores de la
justicia (así, en minúscula) en su totalidad, y acerca de la cual ya nos hemos
ocupado en otras oportunidades y volveremos a hacerlo en breve, como lo exige
la Injusticia sistémica, que después de 1989 ha empeorado, desde lo malo
anterior hasta grados inconcebibles de deterioro, que terminaran por
convertirla en otro poder fáctico del aparato de Estado, ya que este último no
existe como espacio jurídico político de una sociedad, siquiera sea en lento
crecimiento, frente a la superioridad numérica y valórica de los simples
habitantes, víctimas y victimarios a su vez de la anti ilustración convertida
en la ideología del sistema pre o pos jurisdiccional, en el marco más amplio de
la efímera y narcotizante “cultura del espectáculo”, cada vez más banal,
escandalosa, exitista y efímera, que nace para el instante, pero sus huellas
son lacras imborrables y de efectos negativos de larga duración, algo que no a
muchos, todavía, nos agobia y preocupa.
FALCONE O GARZÓN: JUSTICIA Y OPORTUNISMO
MEDIÁTICO
Pero
retomemos el excurso que inevitablemente nos apartara un tanto del
lamentable
fallo del máximo tribunal argentino, que apenas legaliza la ley totalitaria de
medios de CFK, otra manifestación en las últimas décadas de la abdicación de la
conciencia jurídica de América Latina y el Caribe, y de otras regiones y
culturas del planeta, salvo casos excepcionales como el del ejemplar magistrado
italiano Giovanni Falcone (en 1992 mártir mundial de la Justicia, que es la
protección civilizada para el ejercicio de libertades, derechos y garantías, y
para el justo cumplimiento de deberes y obligaciones), mientras en la justicia
mediatizada predominan oportunistas como el ex juez español Baltazar Garzón,
ícono oportunista del “progresismo” que a los derechos fundamentales del ser
humano ha convertido en muy lucrativas industrias sin chimenea. Tan cierto es
esto que, en la actualidad, Garzón es “asesor”
de DDHH de la Casa Rosada, y de sus emanaciones organizativas y
autoritarias en la sociedad.
Es
este el posmodernismo del poder en la Argentina y de la abdicación de la razón,
que para serlo verdaderamente, no puede ser sometida a la racionalidad de la
confrontación antagónica, típica de los perversos juegos de “suma cero”, con
sus masas de miserabilizadas personas convertidas material, espiritual,
educativa y cívicamente en meros entes manipulables, por los “intelectuales
orgánicos” y sus ejércitos de grupos mediáticos financiados por el tesoro
público apropiado ilícitamente por el kirchnerismo, sin contar con los recursos
de los negociados públicos-privados, generadores de minorías mono u
oligopólicas de grupos de poderes fácticos, según sean los casos, en los cuales
los “intelectuales militantes” son el Estado Mayor de la soldadesca a la que
caligulescamente, y desde la lujuria con que disfrutan momentáneamente el
poder, sacrifican a la sociedad argentina en las modernas purgas de inenarrable
violencia urbana y politiquera, anticipo de genocidios “ad portas” en que
inevitablemente devendrían los regímenes castro-chavistas (agresores del
Paraguay), llegado el momento y por su misma naturaleza.
No
olvidemos que la memoria e imaginario históricos del castro-chavismo argentino
hunde raíces en los efectos jamás subsanados de la etapa del terrorismo
“revolucionario” (1970-1980), que tuvo su respuesta genocida en el terrorismo
“de Estado” (1972-1980), alentado por una erróneamente ex profeso
interpretación militarista de la doctrina norteamericana de seguridad nacional,
durante la guerra fría (1947-1989). A su vez, el terror “revolucionario” fue consecuencia
remotas en el tiempo histórico, por ejemplo de las ondas expansivas del Octubre
rojo de 1917, de la toma del poder por Mao (1949) y su violencia sistémica y
generalizada, como la posterior Revolución cultural (1966-1976), antecedente
del genocidio (1975-1978) ordenado por el líder comunista Pol Pot de Cambodia,
para no mencionar las masivas y ejemplarizadoras ejecuciones públicas sumarias en
los improvisados paredones habaneros, ordenados, y algunos ejecutados
personalmente, por Ernesto Che Guevara Lynch de la Serna, después del triunfo
de la revolución castrista, el 1 de enero de 1959, y que con esa magnitud
duraría un par de años, al menos.
En
cuanto a las falacias seudo jurídicas, de los cuatro jueces supremos de la
mayoritariamente cortesana Corte argentina, quienes optaron por someterse a las
presiones y amenazas del régimen en desintegración de CFK, pero todavía con
fuerza suficiente para hacer realidad aquello de “después de mi, el diluvio”,
de sangre, fuego y destrucción masiva, en realidad se concentran en una
fundamental. A ella se reducen todas las perpetradas por la cortesanía del
máximo tribunal jurisdiccional argentino, al haber aceptado fallar la
constitucionalidad de una “ad hoc” ley de medios audiovisuales votada por el
entonces imbatible “kirchnerismo” y sus aliados en el Congreso (el poder
fáctico número uno en este contencioso de tan enorme trascendencia local, regional
y mundial), con mayoría absoluta en 2009, supuestamente para terminar con
monopolios u oligopolios mediáticos. Parte importante de la disminuida
presencia opositora en el legislativo argentino, desorientada politiqueramente,
también votó la ley, elaborada, sancionada y promulgada no para democratizar el
periodismo y las comunicaciones, sino para destruir al poder fáctico del
multimedia Grupo Clarín, hasta el 2008 elemento mediático fundamental en el
control social del modelo de dominación y explotación neo totalitaria de la Casa Rosada,
fortalecida porque el castro-chavismo se encontraba entonces en el cenit de su
geopolítica regional.
UNA GUERRA ENTRE PODERES FÁCTICOS
A
partir de 2008, y a raíz de la coyuntura de duros enfrentamientos entre la Casa
Rosa kirchnerista y los poderosos grupos agroexportadores argentinos, asediados
estos por las políticas económicas neo populistas y neo totalitarias del
“socialismo siglo XXI” que los Kirchner buscaban imponer en Argentina, es que
el Grupo Clarín cambia su política de alianza con el poder de turno y pasa a
respaldar a la tradicional y todavía influyente oligarquía agropastoril
argentina.
Lo
que hizo “Clarín” fue una corrección de rumbos a tiempo, pues sus directivos
llegaron a una conclusión inevitable que si el castro-chavismo del país vencía a
los dueños de las mejores praderas de pastos naturales del mundo, los
siguientes en la lista de la política de enfrentamientos de “clase” con el
kirchnerismo, sí o sí tendrían que ser los medios de prensa, empezando por su
poder fáctico número uno, el grupo de la señora Noble que de inmediato puso
como jefe-comandante en el terreno de operaciones. de esta guerra desatada por
el poder kirchnerista, a un tan experimentado “condottiere” como Héctor Magnetto,
a quien ni siquiera la grave enfermedad que padece le ha impedido convertirse
en el hábil estratega que, para acelerar la crisis terminal de CFK y sus
“bolivarianos”, selló lo que parecía una imposible alianza nada menos que con
su (hasta segundos antes) principal enemigo en el mundo de las comunicaciones,
el controvertido y más influyente periodista (individualmante hablando) de la
Argentina, Jorge Lanata.
Con
tal maniobra de tan altos coturnos y poderosos recursos económico-financieros, el
Grupo Clarín se convirtió en una versión mediática de la más poderosa de las
flotas de guerra, distribuidas entre todos los pasos estratégicos de los mares
del mundo y coordinados en tiempo real por las comunicaciones, para imponerse
en la lucha por el poder.
Como
era tan evidente y genuinamente anti “Clarín”, y lo sigue siendo, la
totalitaria normativa de la ley para reglamentar la explotación de medios
audiovisuales, los pudibundos “legisladores” del poder de turno, sometido a las
órdenes de CFK, no debieron esforzarse mucho para que sus efectos afectasen
además a cerca de dos docenas de otros conglomerados mediáticos. Todos estos
sumados, no alcanzan un porcentaje ínfimo del poder del imperio comunicacional
que tiene su mascarón de proa económico, pero también simbólico, en la tenedora principal de las acciones del
grupo, Ernestina Herrera de Noble, viuda del fundador-propietario de “Clarín”,
seguida por Héctor Magnetto, y otros poderosos grupos empresariales, del que el
último de los nombrados es algo así como un Jefe del Estado Mayor Conjunto,
satanizado por el grupo áulico familiar de CFK, “la Cámpora”, y todo el
variopinto y hoy confundido oficialismo.
En
cuanto a la señora de Noble, a todo lo largo del kirchnerismo neo totalitario
fue inmisericordemente atacada (desde el monopolio de los multimedios
oficialistas, que sobreviven gracias al subsidio de la propaganda oficial y
otros “negocios”, que los ponen en manos de CFK) por ser madre adoptiva de dos
supuestos hijos de detenidos-desaparecidos durante la “guerra sucia” del
terrorismo estatal, lo que finalmente quedó desvirtuado por las irrefutables
pruebas del ADN.
Es
inconstitucional darle visos de legalidad y legitimidad constitucional a una
ley votada y sancionada exclusivamente para fragmentar al poderoso enemigo en
que se había convertido el grupo “Clarín”, en el marco de la lucha desatada
entre poderes fácticos (la Casa Rosada y el núcleo central del oligopolio de
prensa), ya por entonces enfrentados. Esto lo supieron desde siempre los cuatro
traidores a la Justicia en la Corte argentina, quienes violando sus mandatos
optaron por la cobarde y oportunista (en el corto plazo) “doctrina Garzón”, en
lugar de haberse decidido por la redención que significa, en el mediano y largo
plazos, la vía del sacrificio de un auténtico magistrado como Falcone, y que se
resume en el empleo de la ley y el derecho para realizar la Justicia.
OPRIMIR Y ELIMINAR CONVENCIÓN O PACTO DE SAN
JOSÉ
Por
lo poco que todavía se conoce de la acción de inconstitucionalidad (promovida
en este caso por “Clarín”) en el sistema jurídico argentino, era
constitucionalmente legal y legítimo declarar inconstitucional la neo
totalitaria ley “kirchnerista” de medios, dejando establecida en la sentencia,
y sin caer en vicios “ultra o extra petita”. Es decir se trataba de dejar
claramente señalado que queda pendiente del imprescindible debate político y
jurídico la constitucionalidad o inconstitucionalidad de lo accesorio en ese
momento, la cuestión estratégica de dotar a la sociedad argentina de una
verdadera ley anti mono u oligopolio de grupos de comunicación multimedia. Los
magistrados supremos argentinos, CFK-dependientes, empezando por su presidente,
el doctor Lorenzetti, tan docto como
pusilánime, y los tres ministros quienes le secundaron, al no haber tenido el
coraje de cumplir con sus deberes de tales. Abrieron así las puertas del
infierno en su país.
Lo
demostró, pero “a contrario sensu”, uno de los principales operadores
político-ideológicos y pluma principal en el oficialista y oficial y
multimillonariamente subsidiado diario “Página/ 12”, quien fuera un mando medio
comunicacional en la organización terrorista “Montoneros”, de la izquierda
marxista peronista, Horacio Verbitsky, cuando desde su columna de muy bien pago
militante del proyecto argentino neo totalitario, “[…] celebró que la Corte
Suprema haya declarado que ‘no hay ningún interés particular que pueda estar
por encima del interés social y que las leyes que se sancionan en el Congreso
hay que aplicarlas’ […]. También opinó que el dictamen judicial representa ‘una
batalla democrática ganada porque nunca antes hubo una resistencia tan
explícita de un poder económico corporativo contra una ley sancionada en plena
democracia’ ”.
El
razonamiento de Verbitsky es correcto en la teoría constitucional de la
democracia del Estado de derecho, solo que en este caso, el “interés
particular”, el beneficiado por el fallo, en primerísimo lugar es el de CFK y
sus huestes y no el bien público de las libertades de pensamiento y de
expresión, para liberarlas de cautividades mono u oligopólicas. También es
cierto que las leyes sancionadas por el Congreso, y debidamente promulgadas,
deben ser respetadas y aplicadas por quienes concierna hacerlo. La cuestión es
que tales leyes deben ser legales y legítimas, sin manchas o contaminaciones de
poder fáctico alguno, como es el caso de la ley de medios del kirchnerismo, y
eso es lo que correspondió fallar a una verdadera Corte Suprema de Justicia, al
precio que sea, en defensa del ordenamiento jurídico, violado permanentemente
por el poder fáctico politiquero de turno desde la Casa Rosada, con CFK al
frente y aliada subordinada al poder fáctico geopolítico regional, el del
castro chavismo.
La
empresa Clarín fue la única de la veintena de empresas afectadas que recurrió a
la acción de inconstitucionalidad, y ya manifestaron oficialmente sus voceros,
que si bien el medio “respeta” el fallo de la Corte, se reserva lógicamente el
derecho de recurrir en apelación ante instancias internacionales, en este caso
inevitablemente en primer lugar la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH, con sede en San José, Costa Rica), y que tiene su proceso de admisión
ante la Comisión Ejecutiva respectiva (radicada en Washington).
Ambas
instituciones, la Comisión y la Corte, integran la Convención Interamericana de
DDHH (o Pacto de San José, que data de 1969), y que de lejos constituyen las
perlas más preciadas de la devaluada Organización de Estados Americanos (OEA),
contra las cuales están operando los regímenes neo totalitarios
castro-chavistas (todos en crisis hoy), para eliminarlas, retirándose
masivamente del sistema interamericano, para suplantarlo por la todavía no
institucionalizada ALBA (Alianza Bolivariana de América), que ahora menos que
nunca tiene posibilidad alguna de abandonar su mera categoría de organismo de
concertación político-diplomático, todavía informal, para nacer dentro de las exigencias del sistema
del Derecho internacional público (Dip). A estar por las hasta hace poco
impensables relaciones “cheek to cheek” entre el desgobierno actual de Horacio Cartes,
y sus recientes “amiguísimos” en La Habana, Brasilia, Caracas, Montevideo y
Buenos Aires, todo hace pensar que el Palacio de López se sumará a este
preanuncio de genocidios que en definitiva significará la desaparición de las
CIDH y de la OEA…
CONCLUSIÓN DESDE LA INJUSTICIA INSTITUCIONAL
PARAGUAYA
Como
se colige fácilmente de la lectura de este escrito, la cortesanía suprema de
Argentina, amedrentada por el kirchnerismo, al fallar como lo hizo, y en la
materia en cuestión, no solo enrareció el panorama democrático local y
regional, tanto miedo tenían por lo que pudiera pasarles si en realidad no se
convertían sus miembros en instrumentos del que consideraban el poder fáctico
principal en el país, CFK y su régimen neo totalitario, en descomposición como
sus similares en toda la región.
Y
es así que se alinearon con la fuerza más regresiva y neo totalitaria, en la
guerra abierta que le enfrenta al oligopólico Grupo Clarín, en desventaja
momentánea, e incapaz este de comprometerse en una amplia alianza
democratizadora en la República Argentina, cuando es el momento de hacerlo, lo que
implica abandonar su concepción de la prensa como poder fáctico mediático, y
optar decididamente por el camino de la prensa contrapoder, servidora desde el
campo comunicación de la ciudadanía soberana, que requiere de medios
imparciales, independientes y dedicados a la formación del criterio cívico del
pueblo, para ayudar con decisión en el proceso de construir el Edd y la
sociedad abierta, lo que significa una república sometida al imperio de la ley
y el derecho para la realización de la Justicia.
Es
el mismo desafío que tenemos en el Paraguay, todavía no con los antagonismos
tan irreconciliables de la Argentina de hoy, pero hacia eso vamos, si como
Estado no optamos por la política de
servicio público al bien común e individual, y si desde la sociedad no exigimos
que la prensa abandone su vocación de poder fáctico, como cualquier otro poder
del aparato estatal en la actualidad, para convertirse en lo que debe ser: un
contrapoder imparcial e independiente.
JLSG
Asunción, a martes 5 de
noviembre de 2013
